Ciudadanos cada vez más alertas para informar delitos

El ciudadano informante es una figura utilizada en otros países como estrategia de política criminal. Tiene la intención de incentivar al ciudadano a denunciar una actividad ilícita tanto en el ámbito privado como en el público.

“La creciente pretensión de los poderes públicos de convertir a los ciudadanos en informantes del Estado (whistleblowers) incentivando que denuncien aquellos delitos de los que puedan tener conocimiento es un rasgo característico de la política criminal contemporánea”, sentenció Ramón Ragués, catedrático de Derecho penal en la Universitad Pompeu Fabra (Barcelona).

Fue en el marco de una serie de conferencias sobre política criminal que si impulsan desde la Subsecretaría de Política Criminal  del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Martín Casares, destinada a facilitar la incorporación de nuevas herramientas por parte de los operadores judiciales.

El vocablo whistleblowers significa “el que toca el silbato” en alusión a los antiguos policías ingleses quienes hacían sonar el pito al visibilizar in fragranti a un delincuente cometiendo un hecho ilícito. Se utiliza para delitos económicos y de corrupción, aunque los especialistas no descartan la denuncia de otro tipo de conductas delictivas.

“Es un instrumento básico de prevención y descubrimiento de comportamientos delictivos, especialmente relacionados con la empresa y la corrupción en la administración pública”, destacó Ragúes, autor del paper Whistleblowing. Una aproximación desde el Derecho penal.  En Estados Unidos existe una legislación específica para proteger a los denunciantes e incentivarlos a que declaren, para prevenir el delito. En España, por ejemplo, no hay legislación específica, si bien la legislación laboral permite las denuncias, nadie puede ser despedido por haber denunciado irregularidades reales cometidas por su empresa.

Hay que diferenciar el accionar de los denunciantes en el ámbito privado del público. “Los funcionarios, por su status, suelen estar más protegidos frente a represalias de tipo laboral. Pero ciertas revelaciones que afectan a secretos de Estado pueden conllevar penas muy graves si se consideran delictivas. En este caso sólo el amparo judicial puede protegerlos frente al propio Estado”, explicó el catedrático catalán.

Carlos González Guerra (izq), Ramón Ragués i Vallès y Martín Casares (der)
Carlos González Guerra (izq), Ramón Ragués i Vallès y Martín Casares (der)

Por un lado, existe el whistleblowing interno: es la implantación de diversos procedimientos de denuncia en las empresas y la administración como un recurso cada vez más frecuente en la prevención del delito, por otro, el whistleblowing externo, que es el tratamiento jurídico que merece aquella persona que, actuando al margen de dichos procedimientos, decide denunciar directamente a las autoridades ante los medios de comunicación haciendo pública información reservada o que perjudica a la reputación de su empresa, explicó Bargué.

Este sistema, que tiene origen en los Estados Unidos en 1977, donde se prevé que al denunciante se le brinden ciertos beneficios como la protección del whistleblower de posibles represalias de sus empleadores tras su denuncia, recompensas económicas, o el ofrecimiento de protección jurídica, entre otros aspectos. Se realiza en cuestiones penales y laborales.

Se prevé que al denunciante se le brinden ciertos beneficios como la protección del whistleblower de posibles represalias de sus empleadores tras su denuncia, recompensas económicas, o el ofrecimiento de protección jurídica

Desde 2007, la Agencia de Protección de Datos española dispuso la creación de sistemas de denuncias internas en las empresas vía telefónica o presencial, anónima y con garantía de confidencialidad. El sistema incorporará los datos de denunciante y denunciado, los hechos denunciados y el resultado de las investigaciones. Los datos serán cancelados en un plazo máximo de dos meses tras el fin de las investigaciones si los hechos no hubieran sido probados. Se utiliza para controles internos o auditorías, la lucha contra la estafa y los delitos bancarios y financieros.

El especialista explicó que hay casos resonantes que tuvieron repercusión mundial porque implicaron revelaciones de secretos de Estado. En su paper, menciona casos emblemáticos como el de Hervé Falciani, un antiguo empleado de la banca suiza, quien decidió robar los datos de numerosos evasores fiscales que tendrían dinero depositado en ese país y luego entregó la documentación a las autoridades de los Estados Unidos y España.

Y también los más contemporáneos casos de la filtración de los Wikileaks de Julian Assange, y el del ex agente de la CIA Edward Snowden, por nombrar sólo algunos públicos o el famoso Watergate, Enron o Worldcom.

Ante la consulta sobre cómo el Estado debe brindarles protección a los denunciantes, Ragués destacó que “depende del caso. Normalmente con proteger al denunciante frente a represalias de tipo laboral es suficiente”. Sin embargo, detalló que aquellos casos son “peculiares porque involucran secretos de Estado, afectan a la seguridad de esos países. Y es el Estado, no una empresa, quien los persigue”.