La Corte debió dirimir en causa por uso indebido del WhatsApp

La Corte Suprema de Justicia debió intervenir en un expediente en la que se discutía la competencia o no de dos juzgados para actuar en una causa donde una mujer denunció que le usaban el WhatsApp.

Según se cuenta en el expediente la mujer tenía un celular con la respectiva línea telefónica que le había sido dado en su anterior trabajo. Cundo cambio de empleo devolvió ese equipo a la empresa pero, tiempo después, se dio cuenta de que continuaba figurando en el WhatsApp de ese número su foto de perfil y aún se recibirín mensajes dirigidos a ella.

Con todo ello la mujer presentó una denuncia ante la justicia ante la Justicia Federal, precisamente, el juzgado Federal 10.  El delito a investigar se encuadró como “violación de secretos” y “daños”.

Pero el juez federal consideró que la causa que no era de su competencia porque “no afectaría intereses nacionales” y la envió a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.

“La investigación del primero de los delitos incumbiría al fuero de excepción, en tanto no se encuentra incluido en ninguno de los convenios de transferencia progresiva de competencia entre la justicia nacional y la de la ciudad”, dijo el juez porteño para también rechazar la competencia.

Cuando dos juzgados de diversas jurisdicciones tienen un conflicto de competencia, como es el que se presenta en este caso, es el máximo tribunal del país, la Corte Suprema, el que debe decidir la suerte de la causa. Y eso pasó.

La Corte Suprema en un fallo del 16 de mayo pasado, con las firmas de Carlos Rosenkratz, Juan Maqueda y Horacio Rosatti, decidió que la causa quede en el juzgado Federal y no en el local. Para ello hizo suyo el dictamen que en el expediente presentó el procurador ante la Corte, Eduardo Casal.

El procurador sostuvo que en el expediente hubo fallas para analizar la competencia en la causa puesto que ni siquiera en el expediente se citó a la denunciante “a ratificar y precisar sus dichos”, así como que “no se incorporó siquiera una copia de la denuncia”.

Además, dijo el procurador e hizo suyo la Corte,  “acerca de la razón de la sospecha referida a que la imputada podría divulgar datos y archivos que se habrían encontrado en el aparato celular, máxime cuando de las escasas actuaciones surgiría que aquélla únicamente recibiría mensajes en la otrora línea de la denunciante, que es en realidad de propiedad de la empresa, mas no los contestaría”.