Por violencia económica deberá pagar los gastos del divorcio

El juez falló contra el demandado porque incumplió con la división de bienes pactada durante el divorcio. Lo obliga a pagar los gastos de la causa iniciada por ese incumplimiento porque incurrió en “violencia económica”.

La Justicia de Córdoba ordenó a un hombre pagar los gastos de un juicio de divorcio porque consideró que incurrió en “violencia económica”. El hombre, durante todo el proceso judicial que derivó en la finalización del contrato matrimonial, intentó dilatar y obstaculizar el reconocimiento de los derechos de su ex esposa, lo que fue considerado contrario a la “buena fe” por un juez cordobés.

Durante el proceso de divorcio en la causa se corroboraron diversas situaciones de violencia de género que terminaron cuando en 2008 se produjo el divorcio pero que continuaron luego de este ante el incumplimiento de la liquidación pactada.  Es lo que en la sentencia se consignó como violencia económica hacia la mujer

La decisión la tomó el titular del juzgado en lo Civil, Comercial y de Familia de la 4ª nominación de Villa María, Alberto Ramiro Domenech, al considerar que el hombre tuvo una actitud “obstruccionista del reconocimiento del derecho invocado por la ex esposa en esta causa, donde se acompañó constancias que dan cuenta de la existencia de situaciones de violencia de género”.

En el expediente, la ex pareja del hombre reclamaba el saldo adeudado del divorcio que habían acordado en 2008. Hubo un intento de mediación pero fue desistido por el ahora condenado bajo el argumento de que “no queda nada por dividir”.  “Si la sentencia dio por disuelta la sociedad conyugal, resulta improcedente el pedido de liquidación de la sociedad conyugal, cuando esta ya fue liquidada”, intentó explicar el demandado.

Pero el magistrado comprobó que el hombre sólo había pagado 8 de las 18 cuotas que se habían pactado y adeudaba una suma fija pactada en dólares. Por eso hizo lugar al reclamo de la mujer y ordeno al hombre pagar 10 mil pesos y 50 mil dólares, de lo adeudado. A ello le sumo que pague todos los gastos del juicio.

Para la Justicia, no correspondía distribuir las costas proporcionalmente sino “imponérselas íntegramente al demandado”, ya que la suma peticionada por la mujer, y que no fue admitida, “es de mínima importancia económica con relación a la totalidad del reclamo”. Pero más importante es que “la posición defensiva del demandado se ha mostrado como obstruccionista para el reconocimiento del derecho invocado por la ex esposa”.

“La oposición del demandado se convierte en violencia económica, que tiene como víctima a la demandante”, explica el juez en la sentencia y, por ello, el demandado debe pagar todas las costas

“Las valoraciones precedentes constituyen una medida de acción positiva en los términos del art. 75, inciso 23, Constitución nacional (CN), en cuanto se debe legislar y promover medidas de acción positiva (y aplicarse judicialmente) que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce de y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”, concluyó el juez.