El jueves pasado se publicó en el Boletín Oficial de la Nación una decisión administrativa que modificó el presupuesto de este año y reasignó diferentes partidas para distintas áreas del gobierno nacional.

Entre las reasignaciones efectuadas mediante la decisión administrativa 149/2017 se incluyó al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

A través de las redes sociales la titular de Consejo Nacional de Mujeres, Fabiana Tuñez, se mostró contenta con la decisión y sostuvo que “el Presidente de la Nación Mauricio Macri lo anunció, hoy el Boletín Oficial de la República Argentina lo confirma: por primera vez Argentina cuenta con un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres con presupuesto propio”.

“Este Plan viene a saldar una deuda que el Poder Ejecutivo tenía con la sociedad desde la sanción de la ley 26.485, y pone de manifiesto que la erradicación de la violencia de género es Política de Estado”, agregó la funcionaria y concluyó: “En Argentina, nos unimos para hacer realidad el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia. #NiUnaMenos”.

El Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres cuenta con dos ejes de actuación orientados a la prevención y atención integral de las mujeres en situación de violencia de género.

Presentado el año pasado, en el plan se tienen en cuenta tres ejes transversales que apuntan a la formación en perspectiva de género en todos los niveles, un fuerte trabajo de articulación y coordinación institucional y un permanente monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se sumó a esa batería de políticas mediante la aplicación de una herramienta tecnológica con experiencia probada en Estados Unidos, España, Chile, Colombia y Uruguay: Las pulseras (o brazaletes) electrónicos geo-referenciados.

Se trata de dispositivos electrónicos duales que garantizan el cumplimiento de las medidas cautelares que la Justicia interpone ante una amenaza contra una víctima de violencia de género.