Diego Velasco, fiscal de la Cámara Federal porteña

Reglamentar el uso de vigilancias con parámetros objetivos

Diego VelascoEl proyecto de reforma al Código Procesal Penal (Ley 27.063) aprobado por Congreso introduce como medidas de prueba distintos tipos de vigilancia que abarcan el movimiento del imputado como así también sus comunicaciones tradicionales y no tradicionales, sin diferenciación del dispositivo o de la forma en que se desarrollan.

Estas vienen a regularizar y reglamentar su uso en el proceso penal dejando de lado la discrecionalidad del juez a partir de la regla de la libertad probatoria que rige actualmente el ordenamiento procesal. Su utilización al día de hoy no se encuentra prohibida dado que, a partir de su equivalencia con otras pruebas invasivas de la intimidad, se las trata en consonancia con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa ‘Quaranta’ que equiparó el domicilio a las comunicaciones telefónicas.

Aquella decisión estableció que la interpretación dinámica de la normativa constitucional e infraconstitucional, en cuanto contemplan que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, la de su familia, su domicilio o su correspondencia, permiten hacer extensivas aquellas consideraciones a las intervenciones telefónicas e incluso a todas las comunicaciones realizadas en un ámbito privado.

Creo que en buena hora se trata de reglamentar específicamente su uso, por cuanto de tal manera no solo se evitarán planteos dilatorios, sino que restringirá su uso con parámetros objetivos y generales que repercutirán en la protección del derecho de defensa en juicio y la intimidad de la ciudadanía.

La redacción propuesta respeta claramente y en forma específica los presupuestos de proporcionalidad, subsidiaridad y racionalidad, esto es, la ponderación de varios factores, principalmente la gravedad del delito, la necesidad de la medida, el grado de sospecha, la existencia de medios de prueba alternativos idóneos, de investigación menos lesivos y la duración.

La redacción propuesta respeta claramente y en forma específica los presupuestos de proporcionalidad, subsidiaridad y racionalidad

Lo más destacable es que la reforma no lo hace de manera enunciativa sino que es claro en el texto la obligatoriedad del fiscal y del juez de valorar esas cuestiones.

Sin perjuicio de ello, no existe en el texto la obligación de formalizar la resolución judicial que permitiría a la defensa un posterior cuestionamiento como garantía de la defensa en juicio, mientras que dicha circunstancia se mantiene para la requisa personal y allanamiento al requerir la existencia de un ‘auto fundado’.

La propuesta también representa un avance en el resguardo del material obtenido para dar seguridad a las partes de la inalterabilidad de las pruebas, sin perjuicio de que para ello se deberán establecer protocolos de actuación, con la respectiva capacitación de las fuerzas de seguridad que vayan a intervenir como auxiliares de los jueces federales.

Concluyendo, debo destacar la incorporación de la obligatoriedad del descarte total de los datos que no son de interés para la causa, respetándose así la intimidad de la persona investigada o de terceros ajenos a la investigación.

Bajo la premisa de que esta reforma se adecúa al modelo comunicacional digital y multimedial en el que estamos inmersos, creo que será necesaria la dotación de infraestructura en todo el país para respetar los tiempos del delito que requieren muchas veces de la urgente actuación judicial y de sus auxiliares, incluso de las empresas de comunicaciones. Ello no solo en el ámbito metropolitano sino en el resto del país, donde los recursos llegan tarde sobre todo cuando las medidas de vigilancia suelen ser necesarias en procesos donde el delito se está produciendo -trata de personas, secuestros extorsivos, narcotráfico, terrorismo y asociaciones ilícitas en general- y la urgencia es indispensable.