Derecho de las víctimas a ser escuchadas en los procesos

La definición de diccionario de los verbos oír y escuchar es clara. Oír significa “percibir con el oído los sonidos”, y escuchar es “poner atención o aplicar el oído para oír algo o a alguien”.

Esta distinción marca el accionar de la Justicia con las víctimas en el proceso penal, las cuales, según la legislación vigente, deberían ser oídas, aunque más importante es que sean, escuchadas.

Así lo estipula el artículo 12 de la ley 27.063 que reformó el Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) -cuya implementación se debate en la Bicameral del Congreso- en el cual los “derechos de la víctima” son a “una tutela judicial efectiva, a la protección integral de su persona, su familia y sus bienes frente a las consecuencias del delito, a participar del proceso penal en forma autónoma y a solicitar del Estado la ayuda necesaria para que sea resuelto su conflicto”.

En ese contexto, un fallo reciente del juez nacional de Ejecución Penal N° 4, Marcelo Peluzzi, marcó jurisprudencia porque avaló el pedido de “ser oídos” de los padres de la víctima de un asesinato (Ezequiel Agrest) hace ya cinco años. Sus padres, Diana Cohen y Gustavo Agrest, en carácter de querellantes y víctimas del delito cometido contra su hijo, solicitaron “ser informados y oídos con respecto a todo planteo en el que se pueda decidir alguna forma de liberación anticipada del condenado (Sebastián Pantano) o la extinción de la pena o de una medida de seguridad, en forma previa a su resolución”. Estos beneficios podrían ser la libertad condicional, las salidas transitorias, la libertad anticipada o alguna medida de seguridad.

En su solicitud ante el Juzgado, el abogado de la familia Agrest, César Mayer, citó el artículo 18 de la Constitución Nacional sobre el “derecho a la defensa en juicio” y el respeto al derecho de las víctimas consagrado por la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional.

Pese a que sus planteos fueron rechazados en instancias anteriores, la familia Agrest solicitó como “un derecho subjetivo” que sean “oídos en forma previa a la eventual concesión de cualquier beneficio al condenado que implique su soltura transitoria o permanente y respecto del cumplimiento de los recaudos que se adopten para hacer efectiva su liberación”. Así como citaron el CPPN cuyo artículo 325 sobre “Derechos de la víctima” en la etapa de Ejecución de la Pena, establece que: “La víctima tendrá derecho a ser informada de la iniciación de todo planteo en el que se pueda decidir alguna forma de liberación anticipada del condenado o la extinción de la pena o la medida de seguridad, siempre que lo hubiera solicitado expresamente ante el Ministerio Público Fiscal”.

En ese marco, la reforma del Código Procesal Penal, según Carlos González Guerra, director Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación penal del Ministerio de Justicia de la Nación, plantea una mayor “participación de la víctima, ya que podrá exigir medidas para la investigación y participar activamente en el proceso junto con el fiscal y el juez de garantías”.

En línea con su solicitad, Agrest manifestó ante la cámara platense, que la medida se enmarca en su derecho a conocer las vicisitudes de la causa para “estar protegidos de cualquier represalia del condenado” a su familia o sus bienes.  Y explicó que lo eso “implica tener la posibilidad en forma anticipada de decidir mudar de domicilio, números telefónicos, requerir el dictado de órdenes de restricción o de cualquier otra medida cautelar que resulte necesaria o conveniente en protección de nuestra seguridad”.

De esta manera, en su oficio del 1 de septiembre de este año, el magistrado Peluzzi, encargado de uno de los pocos juzgados que monitorean las condenas de los imputados, autorizó a que los padres de Ezequiel sean “informados de toda incidencia en la que pueda decidirse alguna forma de liberación anticipada o semilibertad” de Pantano. Así como a “formular todo los requerimientos que consideren necesarios tendientes a la protección familiar”.

El antecedente

Hubo otro antecedente similar en la Cámara Federal de La Plata en 2008  en la causa “Excarcelación Lencinas, Daniel Jorge”, en el cual uno de los camaristas, Carlos Compaired, expresó que “el derecho penal debe tutelar tanto los intereses generales de la sociedad como los intereses concretos de la víctima y en condiciones de igualdad, ya que el delito no es sólo una lesión a un bien abstractamente protegido como tal por la ley penal, sino que es también una lesión al derecho concreto del ofendido”, quien agregó que “sin dudas, se trata ni más ni menos del derecho a ser oído” y que “tal derecho nunca debe ser cercenado, y debe hacerse hincapié en que se ejercite y se cumpla debidamente”.