Versión de tres policías sobre el manejo de pruebas

Tres policías federales de la División Protección al Orden Constitucional que participaron por un corto período de tiempo de la investigación del atentado a la AMIA declararon en el juicio por el encubrimiento del ataque a la mutual judía.

Los dos primeros testigos, a pesar de haber estado procesados en varias causas, fueron convocados tras el atentado para conformar el equipo de investigación de la División Protección al Orden Constitucional (POC) desde donde mantenían una estrecha relación con el Juzgado a cargo de la causa AMIA, cuyo juez era Juan José Galeano, y con los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, todos ellos imputados por encubrimiento. El jefe del POC en ese entonces era el comisario inspector Carlos Castañeda, también acusado.

Carlos Alejandro Heise, el primero en declarar, contó que conocía al exjuez Galeano porque él mismo lo había procesado en una causa anterior. Aún así, lo llamaron al POC, según dijo Heise, porque en 1992 había asistido a las víctimas e instruido el sumario del atentado contra la embajada de Israel, como jefe de la comisaría 15.

Si bien no trabajó más de un año en la causa, admitió haberse dedicado puntualmente a permanecer “tras un escritorio” porque no le gustaba cómo se estaba manejando la investigación. Por ejemplo, explicó tras las preguntas de los abogados, “sin previo aviso aparecían en el POC Telleldín y su esposa Ana Boragni detenidos. Los traía la gente de Palacios pero a nosotros no nos informaban”.

El entonces comisario Jorge Palacios -imputado en esta causa- era jefe de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas y desde allí contribuía con hombres y recursos a la investigación del atentado. Al igual que Castañeda, a Palacios se lo acusa, entre otros delitos, por la desaparición de cassettes con escuchas que realizaba la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y analizaba el POC. Y en ese sentido apuntaron la mayoría de las preguntas de los abogados de las querellas.

Sobre eso, Heise admitió que si bien no le constaba que Castañeda lo haya ordenado directamente, muchos cassettes con escuchas telefónicas se desgrababan, transcribían y luego volvían a usarse. “Se hacía eso en especial cuando se terminaba la caja chica”, admitió.

A su vez, el testigo dijo recordar una escucha telefónica sobre Kanoore Edul, sospechoso por el atentado, a quien se dejó de investigar, se cree, por orden del expresidente Carlos Menem. “Hubo cassettes interesantes. Me encantaba Kanoore Edul”, expresó y ante el pedido de explicación dijo que había comentado a su superior Castañeda, a Palacios e incluso al juez y fiscales sobre la relevancia de la pista que apuntaba a los Kanoore Edul pero que no le dieron cabida. “No me dejaron investigar. Por eso no hice nada más y me quedaba sentado”, concluyó.

Después siguió José Antonio Portaluri, quien en su corto paso por el POC había sido jefe de Heise.También conocía al entonces juez Galeano de causas anteriores y cuando le preguntaron por algún pedido irregular que Galeano le haya hecho, lo negó con elogios hacia el destituido juez que lo miraba desde el banquillo de los acusados.

Según recordó, su trabajo en relación al atentado se limitaba a permanecer en la oficina y evaluar, por ejemplo, junto a sus superiores las transcripciones de las escuchas telefónicas realizadas en la SIDE.

“Trabajábamos la pista del motor y la camioneta que vinculaba a Telleldín y otra era la de Kanoore Edul a quien le tomé declaración”, contó y agregó “no le creí nada de lo que dijo. No quería reconocer que había tenido contacto con Telleldín y mandó a mentir a su chofer”. La prueba se desprende de un llamado del 10 de julio de 1994 a Telleldín efectuado desde un teléfono perteneciente a la familia Kanoore Edul y de una agenda con el contacto del doblador de autos.

Por último, se presentó Humberto Marcelo Almerich, un joven comisario que había realizado tareas de poca relevancia en el POC, como encargarse de transportar los cassettes con escuchas telefónicas desde la SIDE hasta las oficinas de su dependencia para que las analizaran y luego devolver esos cassettes desgrabados a la Secretaría de Inteligencia.

De su breve testimonio se desprende por un lado, que los cassettes con pruebas de la causa eran efectivamente regrabados (encima de escuchas anteriores) y que, si bien cuando Almerich u otros agentes retiraban el material grabado de la SIDE, se emitía una constancia, no había ningún tipo de comprobante de la devolución del mismo. De esta forma, el control de las pruebas se dificultaba y, se cree, fue una de las maneras encontradas para desaparecer documentación sin dejar rastro.

La próxima audiencia continuarán las declaraciones testimoniales de exagentes de la Policía Federal.