Una reforma procesal para cortar con la revictimización judicial

Busca evitar que quienes sufren la violencia de género o intrafamiliar tengan que repetir su calvario durante el proceso judicial. La norma creará un equipo judicial especializado y permitirá que los magistrados tengan competencia de carácter Civil y Penal. Además, se adoptará la oralidad para acelerar procesos.

En el marco de la Ley 26.485 que brinda protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó una ley modelo procesal para que los trámites judiciales sean más simples y el acompañamiento de la víctima, integral.

Con la presencia de Germán Garavano, titular de la cartera, los miembros de la comisión redactora explicaron que el proyecto contempla la creación de un equipo judicial especializado en violencia intrafamiliar y sexual, integrado por representantes de los ministerios públicos, los poderes Judicial y Ejecutivo y la academia.

El proyecto ampliará el espectro de protección legal a grupos vulnerables como los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad y los adultos mayores institucionalizados.

Este equipo funcionará dentro del Modelo de Atención Integral (MAI) que coordina la actuación de todos los profesionales que tienen contacto con la víctima.

El diseño institucional se basa en el principio de la oralidad, la garantía del debido proceso y del acceso a la justicia de los ciudadanos. Se crea un colegio de jueces y juezas, cuyos integrantes cumplen exclusivamente funciones jurisdiccionales de manera rotativa.

La idea de la “ley modelo” es que los magistrados y magistradas tengan competencia de carácter Civil y Penal en causas por violencia intrafamiliar o sexual.

Cambio de paradigma

Foto: Prensa MJyDDHH
Garavano y María Fernanda Rodríguez
Garavano y María Fernanda Rodríguez

El ministro Garavano destacó el trabajo como una norma inédita puesta que “implicaría un cambio de paradigma muy profundo, que rompe con las estructuras tradicionales de la Justicia y permitiría ofrecer respuestas integrales y adecuadas a las víctimas”.

Por su parte, la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, manifestó que es un aporte sobre el que “las jurisdicciones deberán realizar ajustes, de acuerdo a las estructuras y recursos que ya tienen, y para esto pueden contar con el apoyo de la cartera de Justicia”.

“Es dar una solución integral a este flagelo lo que evitaría la victimización secundaria”, explicó.

Formaron parte, la Procuración General de Salta, los tribunales superiores de Justicia de Córdoba y Tucumán, el Consejo de la Magistratura y los ministerios públicos Fiscal y Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y la Universidad de San Andrés.