Una reforma estratégica a nivel nacional de la justicia civil

El Código Civil y Comercial de la Nación implicó un gran avance en la modernización de la legislación. Pero esa actualización generó la necesidad de adaptar leyes y prácticas en todo el país para acompañar ese avance.

La Estrategia Nacional de Reforma de la Justicia Civil tiene el propósito de integrar los diversos esfuerzos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para promover la reforma y modernización de las prácticas y las regulaciones de la justicia civil en las distintas jurisdicciones del país, en torno de una estrategia integral e invitar a las jurisdicciones locales a su adhesión.

La Resolución 829/17 se publicó en el Boletín Oficial. El texto promueve la uniformidad de la legislación procesal civil y comercial de todas las jurisdicciones locales del país mediante su adecuación a las Bases para la reforma procesal civil y comercial.

La resolución también destaca las exitosas experiencias en la generalización de la oralidad emprendidas en Buenos Aires, Formosa, Mendoza y San Luis. Esas provincias llevaron adelante proyectos que permitieron obtener significativos avances para la generalización de la oralidad efectiva, y para la modificación de las prácticas de gestión en los procesos de conocimiento civil y comercial sin necesidad de modificaciones legales.

La adopción de la oralidad civil y comercial efectiva garantiza la inmediación entre los jueces y las partes en aquellos conflictos que demanden una atención directa del juez, evitar la delegación de funciones, concentrar la actividad procesal y evitar formalidades irrelevantes.

“Estos proyectos han logrado importantes resultados en materia de satisfacción de los usuarios, aumento de las conciliaciones y reducción de los tiempos de los procesos. De este modo, se ha generado una demostración práctica de la viabilidad y de las ventajas de la oralidad civil; y se ha promovido el cambio cultural necesario para introducir exitosamente una reforma procesal civil tendiente a la oralidad”, dice la resolución.

Por esas experiencias exitosas, otras provincias buscan adoptar el sistema. Los poderes judiciales de Salta, Chubut y Tierra del Fuego, y los poderes ejecutivos de Mendoza y Santa Fe, entre otros, manifestaron interés en recibir apoyo técnico o financiero para la generalización de la oralidad civil en sus respectivos ámbitos de competencia.

Actualizar y adaptar

En el marco del Consejo federal de Justicia (Cofejus), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación impulsó en marzo pasado la suscripción de una Carta Compromiso Federal para el diseño de políticas judiciales en materia de reforma procesal civil y comercial en línea con los ejes de Justicia 2020.

“En este documento se comprometieron a evaluar la necesidad de adecuar su marco legal a los principios de la oralidad efectiva, concentración de audiencias, y oficiosidad en la dirección del proceso por parte del juez para acotar los tiempos procesales. Además, examinaron la necesidad de modificar las estructuras orgánicas y efectuar cambios en la dinámica del trabajo, incorporando capacitaciones para los jueces, funcionarios y empleados judiciales, implementando el expediente digital, la gestión electrónica de casos y demás herramientas que contribuyan a agilizar los procesos judiciales”, señala el texto de la resolución.

El Código Civil y Comercial de la Nación, que se implementó en 2015, implicó un gran avance en la actualización y modernización de la legislación nacional. Pero esos cambios generaron la necesidad de adaptar leyes y prácticas en todo el territorio de la Nación para acompañar ese avance.

Para eso, desde el ámbito de Justicia 2020 se coordinaron espacios de diálogo, mesas y comisiones temáticas de trabajo para la participación ciudadana e institucional en la elaboración e implementación de un nuevo procedimiento civil y comercial basado en los principios de oralidad efectiva, celeridad y transparencia.

Modernización judicial

En definitiva, la Estrategia Nacional de Reforma de la Justicia Civil busca:

-Promover la modernización de la legislación procesal civil y comercial y de las prácticas de gestión en todas las jurisdicciones del país.

-Promover la uniformidad de la legislación procesal civil y comercial de todas las jurisdicciones del país mediante su adecuación a las Bases para la reforma procesal civil y comercial.

– Promover la adopción de la oralidad civil y comercial efectiva para lograr la inmediación entre los jueces y las partes en aquellos conflictos que demanden una atención directa del juez, evitar la delegación de funciones, concentrar la actividad procesal y evitar formalidades irrelevantes.

-Promover la instauración de procedimientos especiales civiles y comerciales para agilizar el servicio de Justicia.

-Promover la adopción, medición y difusión de indicadores y metas que den cuenta de los resultados de la gestión en el proceso civil.