Roland Arazi, doctor en Derecho y Ciencias Sociales y Konex de Platino en Derecho Procesal

Una Justicia con rostro más humano

En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación está trabajando una Comisión a fin de elaborar un Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial, actividad que  se encuentra dentro del programa Justicia 2020. No se trata de una reforma parcial de la legislación vigente que, según la experiencia de diversos antecedentes, terminó siendo “más de lo mismo”. En esta oportunidad se procura presentar un Código totalmente nuevo que modifique hábitos y conductas de los operadores jurídicos y de los litigantes.

Según surge de las bases para la reforma, la Comisión ha puesto especial atención en los principios orientadores, entre los que se destacan el de colaboración y de buena fe; también a sancionar el abuso del derecho, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del Código Civil y Comercial de la Nación.

El proceso no puede ser un juego de ficciones donde triunfe el litigante más hábil sino un sistema que permita al juez conocer la verdad de los hechos y aplicar el derecho, a fin de lograr la solución del litigio en forma justa o, como decía un distinguido procesalista, lo más justa posible.

Se debe desterrar el “derecho de mentir en el juicio”. Los litigantes y sus abogados deben conducirse con lealtad, ayudando a que se conozca la verdad.

Cualquier reforma procesal estará destinada al fracaso si no hay un cambio en las conductas de las partes y sus abogados, e incluso del juez.

En nuestro país, en el proceso civil el conocimiento de la verdad parece que carece de importancia. Es más importante cumplir con las formalidades  que demostrar la realidad de los hechos.

En países donde el proceso civil se desarrolla en forma adecuada, como en Alemania, el trámite es menos formal pero los principios de colaboración, respeto y buena fe son la regla. Los letrados y las partes cuando declaran no pueden afirmar hechos falsos ni mentir; si lo hiciesen serían sancionados efectivamente, incurriendo en el delito de fraude procesal. El abogado es un auxiliar de la justicia y tiene el deber de colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Se confía en la palabra del profesional a punto tal de que normalmente no tiene necesidad de presentar un poder y si lo hace, no es notarial.

Los códigos procesales modernos traen disposiciones específicas sobre la necesidad de que las partes y sus abogados actúen en el proceso de buena fe y colaboren en el esclarecimiento de la verdad. La ley 19090 de la República Oriental del Uruguay, que reformó el Código General del Proceso, modificó el artículo 5º de ese Código que quedó redactado de la siguiente forma: “Buena fe y colaboración procesal. Las partes, sus representantes o asistentes y, en general, todos los partícipes del proceso, ajustarán su conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que se deben los litigantes y a la lealtad y buena fe. Los sujetos del proceso deberán actuar con veracidad y brindarla la máxima colaboración para la realización de todos los actos procesales. El incumplimiento de este deber tendrá las consecuencias previstas en cada caso por la ley. El tribunal deberá impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier conducta ilícita o dilatoria”.

A su vez, el artículo 142 del Código uruguayo, que trata sobre la producción de las pruebas, reitera el deber  de colaboración de las partes y de los terceros que intervengan en el proceso: “Cualquier incumplimiento injustificado de este deber generará una presunción simple en su contra, sin perjuicio de las disposiciones previstas para cada medio probatorio”.

Leemos en las bases citadas anteriormente: “El proceso civil debe ser considerado como una obra común cuyo resultado (la asignación adecuada de lo debatido) exige la colaboración de ambas partes y también, eventualmente, de otros sujetos compelidos lealmente a prestar su asistencia para la consecución del mencionado logro”.

No sólo los abogados y las partes deben cambiar sus actitudes frente al proceso; también deben hacerla muchos jueces, utilizando todos los instrumentos necesarios para el logro del objetivo final, especialmente ordenando las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos; cuando es necesario, tienen que ordenar la reconstrucción de los hechos con la citación de testigos y peritos, el reconocimiento judicial de lugares y cosas, entre otras medidas.

La presencia de los jueces en la audiencia preliminar y en la de prueba es esencial, no puede declamarse la necesidad de inmediación y luego rehuir presidir esas audiencias. Es necesaria una vigilancia estricta del proceso de conocimiento desde el comienzo, evitando dilaciones innecesarias y  nulidades.

Los jueces deben interpretar las leyes de la forma más favorable al legítimo derecho  de los justiciables y cumplir con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial que dispone, entre otros requisitos, que se debe tener en cuenta  la finalidad de las normas e interpretarlas  conforme los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.

En el sistema del “common law” las partes tienen el derecho (y el deber, a instancia del adversario) de prestar declaración testimonial bajo juramento, “de modo que, a veces, la causa se decide con base en el testimonio de las partes solamente” (Ángelo Piero Sereni, “El proceso civil en los Estados Unidos”, 1958).

En la nueva legislación se prevé que los hechos alegados en la demanda y en la contestación sean expuestos con claridad y ajustándose a la verdad. El demandado no puede limitarse a negar los hechos afirmados por su contraria, sino que tiene la carga de exponer su propia versión.

En el ofrecimiento de la prueba también es interesante el sistema del common law según el cual “cada una de las partes debe ser puesta en situación de establecer la existencia y de tomar vista antes del juicio del material probatorio del que quiere servirse el adversario, evitando así, en cuanto sea posible, el elemento de la sorpresa en el juicio”. La prueba y la actividad para obtener el material probatorio y conocer el del adversario no deben ser utilizadas de mala fe y con el objeto de obstaculizar a éste (Sereni).

Tiene que regir en toda su extensión el deber de colaboración y buena fe de las partes,  unido ello a la valoración por el juez de las pruebas producidas y de las omisiones, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Los litigantes tienen que saber de entrada que deberán aportar al proceso toda la prueba que conduzca a conocer la verdad de los hechos controvertidos, pues de lo contrario el juez puede apreciar su renuencia o reticencia como un indicio en su contra.

Tan importante es modificar la legislación procesal como lograr un cambio cultural de todos los operadores jurídicos. Jueces, abogados e incluso funcionarios y empleados judiciales deben considerarse partícipes de la gran empresa que significa pedir y administrar justicia. Los abogados tienen que  ejercer la defensa de sus clientes con lealtad y buna fe, sin tergiversar los hechos ni utilizar maniobras incompatibles conla importante función de abogar. En ello está empeñado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y todos los miembros de la Comisión. En definitiva se trata, como lo consignaba el lema de un Congreso Mundial realizado ya hace un tiempo, de lograr una “Justicia con rostro más humano”.