Proyecto de reparación a hijos de progenitores muertos por su pareja

Se la denomina ley “Brisa” por una niña que perdió a su madre en un caso de femicidio. Tras la tragedia, la iniciativa busca darles protección económica y de salud a los chicos.

En los últimos 9 años en el país, 2919 hijas e hijos perdieron a su madre víctimas de la violencia de género. Más del 63 por ciento de ellos son menores de edad y un proyecto de ley busca la “reparación” para estos chicos.

El proyecto de ley “Brisa” recuerda el caso de una niña de tres años que presenció el asesinato de su madre por parte de su padre en la localidad bonaerense de Moreno en diciembre de 2014.  Iván Domínguez (de 26 años) mató a golpes a Daiana Barrionuevo (24), escondió el cadáver y denunció a la víctima de “abandono de hogar”. Brisa, tiene dos hermanos gemelos de 7 años, Elías y Tobías. Ley Brisa Aprobada en Senado

El proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Senadores, fue sancionado el mismo día en que fue ley la quita de la patria potestad a los autores de femicidios, y viene de la mano con esta iniciativa. Fue impulsado por la ONG Casa del Encuentro y está en debate en Diputados.

Desde entonces, la pequeña y sus hermanos conviven con su tía Cintia Barrionuevo, quien es madre de tres hijos y quien quedó con la guarda de hecho de siete hijos tras el asesinato de su hermana.

La reparación está destinada a menores hasta los 21 años o a personas con discapacidad que cumplan los siguientes requisitos: “ser hijo/a de la progenitora fallecida y cuyo progenitor afín haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora”; “ser hijo/a de algún progenitor fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género”, y “ser argentino o residente” de acuerdo a la ley migratoria.

El objeto del proyecto es la creación de un “régimen” de reparación para niños, niñas y adolescentes víctimas del delito mencionado, o cuando la acción penal en este tipo de homicidios se haya declarado “extinguida por muerte”. Así cuando cualquiera de sus progenitores afines “haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género”, expresa el texto.

Repara, no subsidia

El proyecto impulsado por la organización fundada por Fabiana Tuñez y Ada Rico, establece la obligación del Estado de “abonar mensualmente” la reparación económica, que ésta es “inembargable” y abonada por cada persona menor de 21 años o con discapacidad.

En tanto, explica que será “retroactiva” al momento de cometerse el delito, aunque el mismo se hubiera cometido con anterioridad a la sanción de la ley. Y que debe ser abonada por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo (6394 pesos), con sus incrementos móviles establecidos en la ley 26.417 de movilidad jubilatoria.

La prestación, que se equipara con una asignación familiar, debe ser percibida por la persona que se encuentre al cuidado del menor, ya sea guardador/a, tutor/a, curador/a, o adoptante.  Al cumplir los 18 años, los titulares de la prestación la perciben directamente. Mientras que, especifica la normativa, “por ningún motivo la prestación puede ser percibida” por quien haya sido “procesado y/o condenado” como autor, coautor, instigador o cómplice del “delito de homicidio cometido contra alguno de los progenitores” de las niños destinatarios de la “reparación”.

Salud

La ley también establece que el Estado debe proporcionarles a los chicos víctimas de una familia desmembrada por un asesinato por violencia doméstica “una atención integral” tanto física como psíquica.

La normativa explica que el funcionario público encargado de asignar la reparación económica está sujeto a las penas por su “incumplimiento de deberes de funcionario público” y que “se deben implementar de forma urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar en forma prioritaria la atención integral de los destinatarios/as”.

Por último, se explica que la “extinción” de la percepción de la reparación económica “sólo” se realizaría en los casos de “sobreseimiento o absolución de la persona” procesada por homicidio en un caso de violencia de género. Y que la autoridad de aplicación “no” podrá reclamar la “devolución” de los montos percibidos por los niños o sus tutores.