Una declaración muy extensa y con relevantes aportes

Con un importante testimonio se reanudó el juicio por irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA, que tiene trece imputados entre los que se encuentran el ex presidente Carlos Menem, el entonces titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Hugo Anzorreguy y quien fuera el juez instructor de la causa, Juan José Galeano.

En esta oportunidad, declaró como testigo Claudio Lifschitz, conocido por haber denunciado las irregularidades que se cometieron en la causa AMIA, lo que se comprobó luego en el juicio por el atentado (2001- 2004). Su relato se extendió durante toda la audiencia y continuará este jueves a las 10.

Su ingreso al Juzgado, le contestó Lifschitz al fiscal que lo interrogó, se dio en 1995 luego de que su entonces jefe en la División Inteligencia, del sector de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, Jorge “Fino” Palacios, se lo presentara al exjuez Galeano.

“Primero me pidieron corroborar unos datos y más adelante tuve una entrevista y me contrataron como prosecretario del juzgado. Yo quería dejar la Policía y trabajar de abogado”, recordó.

La primera tarea que le asignaron, contó, fue revistar la causa desde cero y fue allí donde encontró las primeras falencias. “Había teléfonos intervenidos que nadie seguía ni analizaba, las escuchas en los teléfonos de Kanoore Edul se habían dado de baja cuando había elementos importantes que lo vinculaban a iraníes sospechados y se ocultaban cosas en legajos por fuera del cuerpo principal”, resumió.

Explicó también que sus hallazgos se plasmaban en informes que le entregaba al juez, quien consultaba luego con personal de Inteligencia y de la división Protección al Orden Constitucional (POC). “Comprobé que esas falencias investigativas eran hechas adrede por la SIDE y el POC”, señaló Lifschitz.

Por otra parte, el testigo señaló -y esto confirma lo ya declarado por familiares de las víctimas- que no todas las querellas tenían el mismo acceso al expediente: “Galeano tomaba whisky después de las 19 y venía seguido (Rubén) Beraja (expresidente de la DAIA) y gente de la SIDE a tener reuniones informales”, dijo y sumó: “Por el contrario, a (León) Smoliansky (abogado de los familiares nucleados en Memoria Activa) no se le podían enseñar los legajos. Esa era la orden”.

También habló sobre los ex fiscales, Eamon Mullen y José Barbaccia imputados en este juicio, y dijo que, si bien no recuerda episodios concretos, ellos estaban al tanto de lo que ocurría en el juzgado y que había cámaras ocultas colocadas también -además de en los despachos de los secretarios- en la oficina del entonces fiscal Guillermo Montenegro “ gestión que habían hecho Mullen y Barbaccia”.

Especialmente sobre Barbaccia agregó que tenía ciertas dudas sobre la investigación de Galeano que compartía con Lifschitz: “Encontré mayor apoyo de los fiscales cuando Galeano no creía en mis dudas y sentía que yo metía demasiado las narices”.

Respecto a las filmaciones que se realizaban de forma subrepticia en el juzgado, Lifschitz agregó que se usaban para todo tipo de declaraciones y entrevistas informales. “No se le avisaba al entrevistado. Servían para apretar testigos y que éstos declararan contra Ribelli”, explicó.

También contó acerca del uso que le dio Galeano al video donde negocia un pago con el imputado Carlos Telleldín a cambio de que declare: “Ese video sirvió para ir a pedir los fondos que Telleldín exigía para hablar. Primero se lo exhibió a Beraja y, como no quiso poner la plata, se lo llevó a la SIDE”.

Armado de la causa brigadas

Según Lifschitz, la pista que involucraba a los policías bonaerenses de Lanús y Vicente López con el atentado, denominada “causa brigadas”, no tenía asidero: “Parecía un pase de factura de Telleldín a las brigadas que lo extorsionaban”. Esa impresión, afirmó el testigo, se lo comunicó al entonces juez pero la causa continuó hasta que consiguieron -pago mediante- que el doblador de autos truchos declarara contra los policías, lo que llegó a un juicio oral, del cual los imputados salieron asbueltos.

El aval a esta línea investigativa, contó el entonces prosecretario, se dio tras una reunión que mantuvo Galeano con el entonces ministro del Interior, Carlos Corach: “Después de esa reunión Galeano anunció a todos los empleados que como en tres meses tiene que estar todo cerrado o todos detenidos, respecto a la causa brigadas. Como si le hubieran dado luz verde con esta pista”.

Desde ese momento, explicó Lifschitz, se trabajó en esa cuasa y se hacían encajar todas las declaraciones con los policías: “Por ejemplo, se omitieron en las actas dichos de testigos que declararon haber visto a los policías cerca de la casa de Telleldín en abril y no en julio, cuando se había entregado la camioneta”, detalló.

En el mismo sentido, cuando se analizaron los teléfonos a nombre del entonces comisario Juan José Ribelli, a quien se buscaba vincular con el atentado, “se encontró que no solamente habían estado por la zona de la casa de Telleldín diez días antes del atentado  sino que también los tres meses anteriores y posteriores. Pero, por orden de Galeano, la secretaria (Susana) Spina sólo incluyó en el procesamiento de los policías esos diez días”.

“A medida que investigaba, se verificaba que los policías bonaerenses no tenían nada que ver con el atentado sino que era un saldo de cuentas de Telleldín. A pesar de esto, el juez quiso seguir adelante con la negociación”, concluyó Lifschitz.

Por último, el exprosecretario afirmó con énfasis que al interior del juzgado todos tenían conocimiento tanto de las negociaciones que se llevaron a cabo, y se grabaron, entre el exjuez y Telleldín, como del pago posterior efectivizado por agentes de Inteligencia.

Su testimonio continuará la próxima audiencia con el resto de los temas ya denunciados por Lifschitz en  declaraciones anteriores.