Fue creado hace más de 60 años y tiene sede en Luxemburgo. Es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la principal autoridad judicial de la comunidad. Sus sentencias tienen impacto sobre la vida de millones de personas.

La Comunidad Económica Europea en un principio, y la Unión Europea después, elaboraron sus propias normas jurídicas y sus propias leyes para poder “gobernar” a los países miembros. Para garantizar el cumplimiento de la ley en todos los Estados era indispensable una institución que la aplicara: ese organismo es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo.

Creado en 1952, con sede en Luxemburgo, el TJUE tiene como fin garantizar que la legislación de la UE se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros. ¿Cómo? De tres maneras: controla la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión Europea; vela por que los países respeten las obligaciones establecidas en los tratados; e interpreta el Derecho de la UE a solicitud de los jueces nacionales. En definitiva, es la principal autoridad judicial de la UE.

La Unión Europea es una asociación económica y política única en su género y compuesta por países que abarcan juntos gran parte del continente. No siempre fue tan grande como en la actualidad: cuando se inició la cooperación económica europea en 1951, los únicos países participantes eran Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Con el tiempo se fueron sumando muchos más países.

Tras la adhesión de Croacia, el 1 de julio de 2013, la Unión pasó a tener los 28 países miembros con que cuenta en la actualidad. Lo que comenzó como una unión meramente económica evolucionó hasta convertirse en una organización activa en todos los frentes. El cambio de nombre de Comunidad Económica Europea (CEE) a Unión Europea (UE), en 1993, no hizo sino reflejar esta transformación.

El TJUE está integrado por dos órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, creado en 1988. El Tribunal de la Función Pública, que empezó a funcionar en 2004, terminó sus tareas hace unas semanas, el 1 de septiembre, tras pasarle sus competencias al Tribunal General en el contexto de la reforma de la estructura jurisdiccional de la UE. Desde su creación en la década del ’50, hasta fines de 2015, el TJUE dictó más de 30 mil sentencias.

Cada Estado miembro tiene su propia lengua y su sistema jurídico específico: por eso el Tribunal es una institución multilingüe. “Su régimen lingüístico no tiene equivalente en ningún otro órgano jurisdiccional del mundo, puesto que cada una de las lenguas oficiales de la Unión puede ser lengua de procedimiento”, se explica desde la web oficial.

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Un juez por cada país miembro

¿Cómo está formado el Tribunal de Justicia? Por un juez de cada país miembro (28 magistrados) nombrados por los gobiernos. Su mandato dura seis años, con posibilidad de renovación. Los jueces, a su vez, eligen al presidente por un período de tres años. Hay además nueve abogados generales. Su misión es asistir al tribunal mediante la presentación de “conclusiones” sobre los asuntos. No son vinculantes, ya que los jueces no están obligados a adoptar esas recomendaciones. El Tribunal General también está compuesto por al menos un juez por Estado miembro. En la administración de la institución trabajan alrededor de dos mil personas. Para ello, cuenta con un presupuesto anual estimado en 380 millones de euros.

Cualquiera de los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea puede ser designado como “lengua de procedimiento”, que será la de la jurisdicción que plantea las cuestiones al Tribunal de Justicia. Por eso, el organismo cuenta con numerosos intérpretes y con un servicio lingüístico que representa casi la mitad de su personal. “Esta situación refleja el principio de igualdad de acceso a la justicia de todos los ciudadanos de la Unión. Los jueces deliberan sin intérpretes, empleando una lengua común que, tradicionalmente, es el francés”, explican desde la web oficial del TJUE.

¿Cómo llegan las denuncias? Cualquier ciudadano europeo puede presentar un caso si se considera perjudicado -por acción u omisión- de una institución de la UE. Hay dos vías de recurso ante el Tribunal: indirectamente, a través de los tribunales de su país, que luego pueden remitir el caso el TJUE; y directamente, al recurrir al tribunal si considera que una decisión de una institución de la UE lo afecta. Esto significa que no es un tribunal que se dedique sólo a las “grandes cuestiones” de los países miembros. Ha dictado fallos que han sentado jurisprudencia sobre temas que preocupan a los ciudadanos europeos.

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Casos emblemáticos

Entre las miles de sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia, la mayoría, en especial todas las pronunciadas con carácter prejudicial, tienen claramente consecuencias importantes en la vida cotidiana de los ciudadanos de la UE. Así, ha fallado sobre diferentes temáticas: libre circulación de personas y mercancías dentro de la Unión, igualdad de trato y derechos sociales, derechos fundamentales, protección de posibles vulneraciones de derechos humanos entre otros.

Por ejemplo, en 1997 reconoció la legitimidad de las medidas de acción positiva en Alemania en favor de la incorporación de la mujer al trabajo. En 2013 sentenció que las normas hipotecarias españolas en los casos de desalojos por préstamo impagos eran abusivas. Y hace dos años respaldó el “derecho al olvido” defendido por España. Los jueces consideraron que los motores de búsqueda, Google entre ellos, deben retirar los enlaces a informaciones publicadas en el pasado si se comprueba que perjudican a un ciudadano y no son ya pertinentes.

Hace poco, también en España, el TJUE resolvió igualar la indemnización entre trabajadores contratados y temporales. Para los especialistas, esta última sentencia puso de relieve la relevancia institucional de este órgano de justicia como instrumento de garantía jurisdiccional de los derechos de los ciudadanos de los Estados de la UE.