Funciona desde 1993 y lleva adelante los juicios por los crímenes cometidos durante la Guerra de los Balcanes. Miguel Longone, un jurista argentino que trabajó allí durante casi quince años, cuenta la importancia de esta corte.

El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) es el encargado de juzgar el genocidio y los crímenes de guerra que hubo en la ex Yugoslavia desde 1991. Fue creado en 1993 por el Consejo de Seguridad de la ONU. En 2016 condenó a 40 años al ex líder serbobosnio Radovan Karadzic Karadzic, llamado el ‘Carnicero de Sarajevo’. Ahora está enjuiciando a Ratko Mladic, detenido en 2011 después de huir por 16 años de la Justicia. La sentencia contra este militar está prevista para noviembre de este año. Un mes después, el tribunal cerrará sus puertas, después de casi de 25 años de funcionamiento. Sólo quedará una versión reducida, para resolver las apelaciones.

Las guerras en la antigua Yugoslavia afectaron a seis ex repúblicas de ese territorio y se sucedieron entre 1991 y 1999, con focos que se mantuvieron hasta 2001. Los orígenes de los conflictos obedecieron a causas políticas, económicas y culturales, y a tensiones religiosas y étnicas. Se calcula que murieron unas 200 mil personas y millones fueron desplazadas de sus hogares. Está considerado el conflicto bélico más importante en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

“La ONU consideró que la situación humanitaria y bélica que se estaba desarrollando desde 1991 en el territorio de la ex Yugoslavia y que atentaba contra la seguridad y estabilidad internacional requería de medidas innovadoras a fin de restablecer la seguridad y paz internacional. Entre ellas, forjar un tribunal ad hoc que investigará los crímenes y las graves violaciones al derecho humanitario que se habían y estaban cometiendo en esta zona de los Balcanes. La investigación y enjuiciamiento de los responsables de esos crímenes horrendos contribuiría a restablecer la seguridad y la paz”, explica Miguel Longone, un jurista argentino que trabajó en el TPIY desde 1999 hasta 2013.

Al tribunal lo integran 16 jueces, que son nombrados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada cuatro años son renovados, y pueden ser reelegidos. Existe una Cámara de Apelaciones, que comparte con el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. La Oficina del Fiscal, en tanto, es responsable de investigar los delitos, reunir pruebas y procesar a los acusados. La sede de la corte está en La Haya, Holanda, y trabajan más de mil personas de unos 80 países.

“La experiencia de trabajar en un Tribunal Penal Internacional es única. Especialmente, por todo lo que implica profesional y personalmente. En los años post Guerra Fría, este tipo de organizaciones multilaterales introducían otros aires de esperanza, justicia y progreso en las relaciones multilaterales. Contaban para ello con el apoyo pleno del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU”.

Para establecer el TPIY, la ONU tuvo en cuenta como antecedentes a los tribunales creados por los Aliados al final de la Segunda Guerra Mundial y las Convenciones de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Internacional. “Es indiscutible la importancia que tienen estos tribunales internacionales para combatir la impunidad de estos crímenes atroces. Es importante que nuestro país sea parte de ellos y sobretodo que apoye el mandato de la Corte Penal Internacional”, subraya Longone.

Todos los Estados que forman parte de la ONU tienen la obligación de cooperar con el TPIY, más allá de lo que establezca o no su legislación interna.  Su funcionamiento, entonces, depende de la buena voluntad de los países en colaborar con el proceso de justicia. “El remedio en caso de no cooperación es informar al Consejo de Seguridad de la ONU lo sucedido”, dice Longone.

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Miguel Longone en el TPIY.

Investigar y procesar

La Fiscalía, en tanto, tiene un doble mandato: investigar y procesar. Cuenta para ello con un grupo diverso de profesionales: investigadores, abogados, analistas políticos y militares, profesionales de estadísticas, intérpretes, traductores, entre otros. En los primeros años las investigaciones debían realizarse en condiciones peligrosas, ya que la guerra seguía en curso.  Los delitos que investiga son de genocidio, crímenes contra la humanidad, infracciones graves a la Convención de Ginebra de 1949 y violaciones de las leyes o prácticas de guerra.

“Tuve la oportunidad de trabajar durante las audiencias públicas asistiendo a mis jefes de fiscalía y también durante algunas audiencias, participando en la examinación directa, contrainterrogatorio y reexaminación de testigos. Para esto tuve que seguir regularmente entrenamientos como abogado litigante en procedimientos de Derecho Común. Muchos de estos entrenamientos los tuve en el TPIY y también en el Reino Unido”, cuenta Longone.

“Una de las lecciones que me dejó mi experiencia en el TPIY es el de tener siempre presente a las víctimas de estos crímenes atroces y a sus familiares que buscan justicia. Es importante atender sus reclamos para construir una sociedad más justa y en paz”

Para el abogado, fue “enriquecedor” haber sido parte de un equipo multidisciplinario, multicultural e internacional del primer tribunal penal internacional de Naciones Unidas. “Espero que pueda servir a mi país”, dice.   “Tuve la oportunidad –agrega- no sólo de trabajar para el Grupo de Expertos de Naciones Unidas que auditó inicialmente el trabajo del TPIY sino que también fui parte de la Secretaría del Tribunal y posteriormente, por muchos años, en la Fiscalía, en investigaciones y en juicios”.

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La sede del TPIY, en La Haya.

Un juicio histórico

Uno de los juicios importantes en los que participó Longone fue contra Jadranko Prlic, que fue primer ministro de Herceg-Bosnia. Prlic y otros croatas y bosnios croatas rechazaban la integridad territorial de la República de Bosnia y Herzegovina. Por eso “crearon” una república de facto, que fue  proclamada en 1993 y que dejó de existir en 1996: nunca fue reconocida por la comunidad internacional. También fueron enjuiciados otros cinco funcionarios de Prlic. “Fue un caso complejo tanto desde el punto de vista de los crímenes, el volumen de hechos en su cronología y la diversidad de elementos probatorios utilizados en relación a los distintos tipos de responsabilidad individual o conjunta de los acusados”, dice el abogado argentino. El juicio duró seis años, de 2006 a 2011.  Durante el juicio se admitieron cerca de diez mil elementos de prueba y declararon 145 testigos.

Prlic fue condenado a 25 años de prisión. Los otros cinco funcionarios y militares recibieron penas de entre 20 y 16 años de cárcel. “Fueron acusados de ser responsables de crímenes de guerra, de violaciones a los usos y costumbres de la guerra y de lesa humanidad, incluyendo los de persecución en ocho municipios de Bosnia y Herzegovina. Y de crear y operar una red de centros de detención los cual utilizaron durante casi dos años y medio como uno de los medios para cumplir su objetivo político”, detalla Longone.

“La creación del TPIY constituyó un hito histórico en las relaciones internacionales multilaterales y de la humanidad. No hay dudas que existe un antes y un después en el desarrollo del Derecho Penal Internacional: abrió una nueva etapa en las relaciones multilaterales respecto a la investigación y enjuiciamiento de aquellos máximos responsables de crímenes horrendos que atentan contra la paz y estabilidad internacional”