Cuando los países se ponen de acuerdo: el uso de tratados

Grandes convenciones internacionales son las que logran que se establezcan criterios universales para cuestiones esenciales como los derechos de niños, niñas y adolescentes, o políticos y sociales. Pero, ¿qué son estas iniciativas? ¿Cómo se pueden llevar a cabo?

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Belém Do Pará, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta de Organización de los Estados Americanos; todos estos son tratados internacionales. Establecen criterios de aplicación general para los países que adhieran, pero, ¿en qué consisten estas herramientas? ¿Cómo se sustancian?

Cada país es soberano y tiene un Derecho que se aplica a través de leyes nacionales. Existe el correlato de esta situación a nivel global, a través del Derecho Internacional. En este sentido, dos o más países pueden suscribir un acuerdo que disponga condiciones sobre cuestiones territoriales, políticas o de diversa índole. Estos acuerdos también pueden llevarse a cabo con organizaciones.

A nivel global, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es uno de los órganos que se ve involucrado en buena parte de estos tratados, ya que desde su fundación, uno de sus objetivos fue el cumplimiento de estas convenciones entre Estados y organizaciones.

Los países miembros de la ONU, por ejemplo, están obligados a cumplir con los tratados a los que adhieren, ya que una vez que se lleva a cabo esta acción, esas normativas son de carácter vinculante y no testimonial; es decir, son de cumplimiento obligatorio. Esta organización que nuclea a la mayoría de los Estados del mundo tiene instrumentos para hacer valer estas normas, además de los tratados, como cortes y tribunales y el Consejo de Seguridad.

Éste último órgano tiene, por ejemplo, la potestad para aprobar misiones de mantenimiento de la paz ante la vulneración de derechos, así como la imposición de sanciones de distinto tipo. También puede intervenir cuando se vea amenazada la paz o la seguridad internacional.

Pero para regular la cuestión, hubo un hito importante: en 1969 se llevó a cabo la Convención de Viena, donde se establecieron pautas generales en términos de Derecho Internacional para los acuerdos entre Estados.

¿Y qué pasa en nuestro país?

En Argentina, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional regula la materia. Allí se expresa que para que un tratado o convención sobre Derechos Humanos deberá contar con las dos terceras partes de los votos de los diputados y senadores para adquirir rango constitucional. ¿Qué implica este rango? Que su aplicación y cumplimiento está por encima de la de cualquier Código, tal como sucede con la Carta Magna.

Los tratados a los que suscribió nuestro país la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa Rica); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Más tarde fueron incorporados a la Constitución la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.