Una pensión graciable para víctimas del delito de trata

El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley de Reparación a las Víctimas del Delito de Trata de Personas, en el que se establece la concesión de una pensión graciable por diez años a quien sea víctima del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en tanto  haya en vigencia una sentencia firme condenatoria.

El reconocimiento de compensación a las víctimas es autónomo de cualquier otra reparación o indemnización que corresponda por los daños y perjuicios que hayan padecido los damnificados. Ahora el proyecto deberá pasar por la Cámara der Diputados para convertirse en ley.

La iniciativa legislativa contempla el plazo de una década de pago de pensión fundamentado en que las víctimas de trata, una vez rescatadas, en su mayoría no cuentan con las herramientas psíquicas como para poder reorganizar inmediatamente sus vidas y poder estudiar y trabajar, requiriendo una sostenida contención psicológica que les permita afrontar las secuelas del daño traumático generado por la situación de explotación.

En los fundamentos del proyecto, se consigna que “la trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual, es una forma extrema de violencia de género que tiene dinámicas transnacionales (…) Existe consenso, tanto a nivel internacional como en todos los estamentos estatales, políticos y de la sociedad civil argentina, en torno a que la trata de personas con el fin de explotación sexual es una de las mayores violaciones a los derechos humanos fundamentales de mujeres, niños, niñas y adolescentes, que tiene un impacto devastador sobre las víctimas, no sólo por las consecuencias del sometimiento físico, sexual y psicológico, sino también por la marca que genera en la subjetividad de la persona y las dificultades para incluirse en igualdad de condiciones en la vida laboral, educativa y social de su comunidad”.

El monto del beneficio será “igual a la remuneración mensual asignada a la Categoría “D”, Nivel 0, Planta Permanente Sin Tramo del Escalafón para el personal del Sistema Nacional del Empleo Público”.

Los cambios introducidos en la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas de 2012 (Ley N° 26.842) optimizó el reconocimiento de los derechos de las víctimas, a través de la obligación del Estado de otorgarles asistencia médica y psicológica, capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo y en la inclusión en el aparato educativo”.

En otro de los párrafos de los fundamentos del proyecto de ley, se señala que “sin acciones que contemplen la etapa post rescate de las víctimas, es imposible prevenir el futuro proceso de re victimización, que terminará por vulnerarlos derechos humanos protegidos al exponer a las víctimas, una vez más, al escenario de desigualdad y desprotección social que las llevó a ser blanco fácil de las redes de trata y explotación”.

Este proyecto había sido aprobado en 2015 pero finalmente no fue tratado en Diputados, perdiendo así su estado parlamentario.

Las pensiones graciables se otorgan por medio del Congreso de la Nación de acuerdo a lo establecido por la Ley 13.337 y por la Ley de Presupuesto General de la Nación. Integran la política de otorgamiento de pensiones no contributivas cuyo objetivo consiste en promover el acceso a derechos de personas en situación de vulnerabilidad social, mediante la asignación de pensiones que no requieren de aportes para su otorgamiento. En todos los casos, las personas titulares de este derecho cuentan con cobertura médica integral administrada por el Programa Federal de Salud (PROFE).