La suerte está echada: cuando el juego termina en un juicio

En el contexto de bingos, casinos y loterías muchas son las situaciones que pueden darse que culminan con una causa en la justicia. Estafas, fallas o hasta la discusión por el horario han pasado por los estrados judiciales.

El 18 de octubre de 2007, un hombre estaba sentado en un tragamonedas del bingo de Chivilcoy y la suerte le era esquiva. A horas del mediodía esto cambió, accionó la palanca y en la máquina apareció el número 999.999,95. No había visto mal el hombre, era un millón de pesos, menos cinco centavos, lo que había ganado.

Los empleados del bingo le dijeron que debían consultar a personal jerárquico por el premio. Después aparecieron abogados del establecimiento que le explicaron que no podía cobrar porque había habido un “error de la máquina”. Tras una hora de discusiones lograron llevar al hombre al primer piso para “negociar”.

Lo aislaron, le ordenaron que apagara el celular, no lo dejaron verse con las personas con las que fue al bingo y lo presionaron para que aceptara poco más de 46 mil pesos. Después lo “escoltaron” hasta la ruta para que se fuera a Chacabuco, la ciudad de donde era. El hombre fue a la Justicia para que le pagaran todo lo que le faltaba cobrar del premio y los tribunales le dieron la razón.

“Había obtenido un importante premio y los directivos de la empresa no se lo reconocían. Hicieron que los acompañara solo a una oficina del establecimiento lejos de la sala, no les permitieron a sus abogados, a la escribana ni a sus familiares que estuvieran presentes. En estas condiciones, sin asesoramiento letrado y en evidente inferioridad de condiciones, y ante el riesgo de perderlo todo, es entendible que haya aceptado el ofrecimiento y firmara el recibo”, dijeron los jueces.

La Sala Primera de la Cámara en lo Civil y Comercial de Mercedes terminó dándole la razón y ordenó al bingo a que le pague al hombre lo que restaba del premio poco más de 950 mil pesos y 579 pesos por  “daños y perjuicios”. A Ambos montos se les deberán sumar los intereses desde 2007.

Revisar ilegalmente

En 2010 en el Casino de Buenos Aires se vivió una situación de similar tenor pero con un trabajador del propio casino. Al terminar la jornada laboral faltaban 200 pesos y el casino ordenó revisar a todos los empleados. Los llevaron al baño y los obligaron a desnudarse a todos para revisarlos. Estuvieron casi una hora en los baños.

Uno de los empleados que sufrió tal vejamen fue a la justicia laboral para ser resarcido y la Cámara del Trabajo condenó al casino a indemnizarlo porque consideraron que se excedió la empleadora en las facultades de control que posee sobre los trabajadores. Ordenaron indemnizar al trabajador con 4 mil pesos por los daños causados puesto que esa revisación compulsiva causo en el trabajador humillación y afectando su dignidad.

Un billetera en un casino

En Córdoba dos empleadas de un casino fueron despedidas por la entidad porque cuando encontraron una billetera de un cliente sacaron toda la plata que había allí y tiraron a la basura la misma. El hecho ocurrió en 2009 y las trabajadoras finalmente reconocieron el hecho y devolvieron la plata, sin embargo fueron echadas por “pérdida de confianza”.

Una de las dos trabajadoras fue a la justicia considerando que su despido había sido arbitrario pero la Cámara del Trabajo de San Francisco lo avaló. Los jueces explicaron que “el personal de limpieza es el que más posibilidades tiene de encontrar objetos perdidos, precisamente por su tarea” y “sea que estuviera abandonada junto a una de las máquinas de juego o aún caída en el suelo, no ignoraban cómo debían proceder: entregársela al encargado de turno”.

Los límites en el horario

En 2010 un caso llegó hasta el máximo tribunal bonaerense cuando un bingo de la ciudad de Necochea consideró inconstitucional una norma que restringía el horario para el funcionamiento de esos establecimientos. Una ordenanza municipal los limitaba a funcionar desde las 18 horas aunque el bingo lo quería hacer desde las 10 de la mañana.

La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires rechazó el pedido de una medida cautelar que suspenda esa ordenanza porque la constitución provincial pone en cabeza de los municipios “cuestiones atinentes a la salubridad pública y las facultó para dictar ordenanzas y reglamentos vinculados con esa atribución”.