Agustina Díaz Cordero, titular de la Coordinación de Derecho Privado

“Tenemos que lograr una legislación eficiente y ágil”

La reforma del Código Procesal Civil y Comercial promueve tres aspectos fundamentales: la oralidad, la inmediación, la realización de audiencias de vista de causa y la incorporación del expediente digital. El anteproyecto se estima que estará para fines del año próximo.

Agustina Díaz Cordero es la titular del Programa Nacional de Coordinación General de Derecho Privado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La iniciativa más importante que tiene el área es la redaccion de un Nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que está centrada, a grandes rasgos, en el proceso ordinario por audiencias, la oralidad, el expediente electrónico y un cambio en la gestión judicial. “Todo esto beneficia a todos los operadores judiciales, a los abogados y a los ciudadanos quienes necesitan obtener una sentencia lo antes posible”, dice la funcionaria.

-¿Por qué es necesaria un Nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación?

-Si necesitamos reformar la justicia tenemos debemos contar con  herramientas adecuadas, ya sean recursos económicos como una legislación eficiente. El cambio de paradigma llegó para instalarse. Tenemos que ver la manera de lograr una legislación que sea lo más eficiente y  ágil posible. Una justicia que llega tarde no es justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha condenado en varias oportunidades por la duracion excesiva de los procesos. Se impone la necesidad de acortar los plazos procesales, ya que no se puede  demorar 8  o 10 años a fin de obtener una sentencia.  Resulta evidente que debemos corregir esta situacion de manera inmediata. No solo por las condenas a nivel internacional, sino porque nosotros debemos bregar por tener las mejores legislaciones para que esto redunde en beneficio de la sociedad. Cualquier ciudadano que realiza un reclamo no puede esperar 8, o 10 años para obtener una sentencia.

-¿Por qué hay un cambio de paradigma?

-Porque el nuevo Código Procesal Civil y Comercial incorpora, como una de las cuestiones más importantes, la presencia del juez en la audiencia de vista de causa. Nuestro Código Procesal vigente prevé la nulidad relativa si el juez no asiste a la audiencia, pero en la práctica esto no sucede. En mis 23 años de experiencia judicial nunca vi un pedido de nulidad. El Código nuevo ha potenciado la inmediacion, ya que el proceso ordinario de conocimiento se desarrollara por audiencias,  en la que la participacion del juez constituye un requisito ineludible. Se prevee la nuliad absoluta e insanable si el magistrado no esta presente en la audiencia.

-¿Qué otros aspectos importantes incorporará el nuevo texto del Código?

-Estos aspectos (la oralidad, la presencia del juez y la realización de audiencias de vista de causa) están acompañados con la incorporación del expediente digital. Tenemos que pasar del papel a lo que la mayoría del mundo, y algunas provincias, tienen: el expediente electrónico. Debemos incorporar  las nuevas tecnologías, si queremos una legislación eficiente. El Ministro está trabajando para equipar todas las salas de audiencias del país. Héctor Chayer, coordinador general del Programa Justicia 2020, junto con el Programa de Fortalecimiento a las provincias, dirigido por el doctor Nicolás Raigorodsky, están trabajando en eso. Otro punto importante es la gestión judicial. Hoy el juez y los secretarios ocupan gran parte del día en resolver cuestiones administrativas y de personal. Y la verdad es que necesitan delegar esas funciones para avocarse a las tareas exclusivamente jurisdiccionales. Son muchas cuestiones que la gente no ve y desconoce. El juez se ocupa del tonner para la impresora, como la falta de espacio para archivar los expedientes. Son muchísimas las necesidades que existen y las tareas en las que deben ocuparse los magistrados y funcionarios, descuidando de ese modo las tareas estrictamente jurisdiccionales. Todos estos cambios que la nueva legislación propone benefician a todos los operadores judiciales, a los abogados y a los ciudadanos que exigen el dictado de su  sentencia lo antes posible.

Fotos: Stephanie Bridger.
Agustina Díaz Cordero

-En este sentido, ¿se plantea la creación de oficinas de gestión judicial?

-Hoy un juzgado comercial tiene alrededor de 8 mil expedientes en trámite, con lo cual es imposible poder tomar tantas audiencias en la forma que prevé el nuevo Código Procesal, porque materialmente resultaría impracticable. Todos los juzgados se fueron creando de la misma manera, como si las necesidades fueran las mismas. Pero está claro que las necesidades del fuero de familia no son las mismas que las de un juzgado patrimonial, civil, comercial, de seguridad social o penal, pero sin embargo todos están conformados con la misma idea y esto necesariamente debe ser modificado.

-¿Cómo viene el camino del anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial?       

-Después de que el Ministro aprobara las bases para la reforma, la comisión redactora integrada por cuatro especialistas comenzó con la redacción del  articulado. Existe una comisión revisora que se encarga de chequear este primer trabajo de la redactora. Luego está el plenario, que efectúa la última revisión. Son personas que no cobran por esta tarea que desarrollan. Calculamos que para diciembre de 2018 podemos tener este proyecto. Pero hay algo muy importante: por más que tengamos la mejor legislación, si no va acompañada con recursos adecuados, está condenada al fracaso. Cuando se llegue a implementar, las oficinas judiciales deben estar equipadas con la incorporación de la tecnología adecuada, como así también los juzgados deben ser capaces de soportar el flujo de trabajo a fin de poder llevar a cabo este tipo de audiencias orales. Cuestiones elementales que requieren de una inversión importante, porque con la legislación sola no logramos nada.

-¿En qué estado está el anteproyecto de la Ley Procesal de Familia?

-Viene más demorado con respecto al Procesal Civil y Comercial. El Ministro convoco a una comisión de expertos, jueces, abogados, académicos, especialistas y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y de la Direccion General de Gestion de Politicas del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, ante la necesidad de tener un proceso especial para los temas que son los más delicados, los de personas en situación de vulnerabilidad: menores y personas con capacidades restringidas. Así como por ejemplo en materia comercial uno tiene la Ley de Concursos y Quiebras que establece un proceso especial para este tipo de cuestiones, en derecho al consumidor también ya se ha presentado una ley  especial y en materia laboral existe una ley específica, no lo hay en materia de familia. Y resulta necesaria la autonomía del derecho procesal de familia, que resguarde la tutela judicial efectiva de los derechos, el interés superior del Niño, y garantice la inmediatez y por ende la oralidad.

Según estadísticas del año 2015 (las últimas a las que se puede acceder), el ingreso de causas fue de 1.565, mientras que en el año 1992 eran 954. Los números hablan por sí solos. La cantidad de empleados y funcionarios sigue siendo la misma por Juzgado (11 agentes y 2 asistentes sociales). Respecto a las causas de Protección contra la Violencia, han ingresado 2264 en 2000 y 11.890 en 2015. Y destaco esto porque no sólo necesitamos una legislación específica, sino contar con mayor cantidad de juzgados y personal para poder brindar una respuesta adecuada al crecimiento exponencial de los conflictos. A este panorama se suma la inexistencia del equipo interdisciplinario que debe trabajar con el juez (psicólogos, psiquiatras). Las necesidades son muchas y urge atenderlas con la mayor celeridad posible. Por ello, el Ministro consideró encarar este proyecto tan importante y supletoriamente recurrir al Código Procesal Civil y Comercial. Para fin de año pretendemos tener las bases para la reforma Procesal de Familia.

Agustina Díaz Cordero

-¿Por qué es necesaria una Ley de Procesos Colectivos?

-Es una manda constitucional y hay una mora legislativa de más de veinte años desde la reforma a la Constitución Nacional de 1994, que los incorporó en su artículo 43. La Corte Suprema de Justicia ha ido encausando este tipo de procesos pretorianamente, es decir, por medio de sus fallos. En uso de sus facultades reglamentarias, tambien ha dictado distintas acordadas, las que junto con la jurisprudencia hemos tomado como punto de partida a la hora de redactar este proyecto. Hemos trabajado desde el año pasado en este tema, debatiendo como en el resto de las iniciativas, tanto en la web de Justicia 2020, como en distintas reuniones presenciales en provincias del país. La existencia  de una ley creará seguridad jurídica, simplificara el trámite judicial evitando la multiplicidad de procesos por el mismo tema.

¿Cómo se encuentra la iniciativa por la Ley de Arbitraje?

-Fue el primer proyecto que salió del programa. Lo que hicimos fue trabajar en un proyecto de ley que adhiriera a la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés). En un mundo globalizado, la mayoría de las transacciones comerciales internacionales se rigen por esta ley. Es muy importante porque además de los 76 países del mundo que cuentan con dicha legislación, en Latinoamérica éramos el único país que no la había adoptado. La adopción de una ley de arbitraje es un elemento importante para crear seguridad jurídica y dar mayor previsibilidad. Es un paso importante para generar un clima más seguro para las inversiones. Por eso es fundamental tener este proyecto sancionado. Trabajamos durante varios meses con gente muy reconocida en arbitraje. El proyecto obtuvo este año por primera vez  media sanción en el Senado y en este momento se encuentra en la Comisión de Relaciones Exteriores y Cultos de la Cámara de Diputados.