El Estado cumplió un paso en acuerdo de solución amistosa

El gobierno nacional publicó en varios medios de comunicación un comunicado con el que continúa con el cumplimiento de un acuerdo de “solución amistosa” por una represión ocurrida en 1999 cuando trabajadores fueron violentamente atacados.

El acuerdo logrado por el Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se firmó en el año 2012 y allí el Estado reconoce su responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, libertad de expresión, libertad de asociación, entre otros.

Ante la firma de este acuerdo el Estado debe cumplir con diferentes pautas y adoptar medidas de reparación de las víctimas de los hechos que incluyen reparaciones pecuniarias y no pecuniarias que son objeto de seguimiento por parte de la CIDH.

En este caso, la publicación en los medios de la gacetilla forma parte del cumplimiento del acuerdo en cuanto a la publicidad del mismo. Asimismo se deberá “articular con áreas correspondientes a los fines de impulsar la investigación penal” para que se “identifique y sancione a los autores materiales e ideológicos” de lo sucedido en 1999.

Los hechos se desarrollaron en el puente interprovincial que une a las ciudades de Corrientes y Resistencia. Allí un grupo de trabajadores protestaba desde hacía una semana debido a la falta de pago de sus salarios. El 17 de diciembre de 1999 llegaron efectivos de la gendarmería nacional fuertemente armados, bajo las órdenes del Comandante Mayor Ricardo Alberto Chiappe, desalojaron violentamente a “centenares de manifestantes” que ocupaban el puente.

Las fuerzas armadas realizaron “un despliegue de fuerza excesivo”, resultado del cual fallecieron dos personas y muchos otros habrían resultado heridos. Desde de las 4:30 de la mañana, y por un periodo de aproximadamente 12 horas, más de 400 militares habrían atacado a los ciudadanos desarmados con carros de asalto, gases tóxicos y balas de goma y de plomo, puede leerse en el informe de la CIDH.

Francisco Escobar y Mauro Ojeda; ambos por disparo de arma de fuego en aorta torácica, fueron los dos manifestantes que murieron ese día. En 2005 el caso llegó a la CIDH porque a cinco años de los hechos no se había establecido “la verdad ni juzgado a las personas involucradas debido a que se habría manipulado sistemáticamente la causa judicial”.

En 2012 se firmó el acuerdo de solución amistosa y en junio de 2014 el decreto correspondiente, el 948/2014, lo oficializó a partir de la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial. Ahora, con la publicación de la gacetilla que da publicidad al cumplimiento del acuerdo se continúa con el proceso de solución.