La jornada estuvo a cargo de la querella que representa al Estado argentino en la causa, a través de la unidad fiscal que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El ex presidente Carlos Menem no estuvo presente.

El juicio por irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA se reanudó hoy y fue el turno de alegar de la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El debate oral y público que comenzó en 2015 y está llegando a su etapa final, retomó sus audiencias ante el Tribunal Oral Federal 2 tras la feria judicial.

Todos los imputados menos el ex presidente Carlos Menem estuvieron presentes. La jornada estuvo a cargo de la querella que representa al Estado argentino en la causa, a través de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, cuyo titular es Mario Cimadevilla.

El abogado apoderado de la querella, José Console, leyó la primera parte del alegato e hizo referencia al delito de peculado, malversación de fondos públicos, por el cual pedirán penas para el ex juez de la causa, Juan José Galeano; el ex titular de la Secretaría de Inteligencia, Hugo Anzorreguy; el agente de la SIDE Patricio Finnen; a Carlos Telleldín, su pareja de entonces, Ana Boragni; a su abogado, Víctor Stinfale; y al entonces presidente de la DAIA, Rubén Beraja.

Con el fin de argumentar su acusación, Console detalló los hechos que conforman las negociaciones previas del pago ilegal al doblador de autos Telleldín, quien recibió 400 mil dólares de fondos reservados de la SIDE para declarar en contra de policías bonaerenses, tal como acordó previamente con el entonces juez Galeano. Esa versión de los hechos –sostuvo- fue un “relato prefabricado y falaz”, que tuvo el fin de “procurar impunidad” y “desviar la investigación”.

Los imputados, agregó, “no vacilaron en construir una trama para inculpar a chivos expiatorios” y es por eso que deben ser condenados.

El delito de peculado

La querella del Ministerio de Justicia opinó que a Anzorreguy le cabe la calificación de autor del delito de peculado por ser la persona encargada de “administrar los bienes de su Secretaria”. Es decir, el ex funcionario aceptó el pedido de Galeano y decidió otorgar los fondos reservados para comprar una declaración armada y falsa, lo que transforma la operación en un hecho ilícito que no está avalado por la ley secreta de gastos reservados.

Por otro lado, y por su rol determinante al liderar la maniobra encubridora y negociar el pago con Telleldín, para la querella Galeano resulta “autor por determinación” del delito de peculado. En el caso de Finnen, se lo consideró cómplice primario del peculado, por haber sido el encargado de coordinar la operación del pago que se realizó con personal de la ex SIDE.

Console también explicó que a partir del conocimiento que los acusados tenían acera del origen de los fondos que recibieron, tanto Telleldín como Boragni, quien recibió el pago, deben ser condenados como partícipes secundarios del delito que se les imputala participación primaria para su entonces abogado Stinfale.

El rol de Beraja

Por último, el apoderado de la querella se refirió a la participación activa en esta maniobra del entonces dirigente comunitario Rubén Beraja, quien se reunió en reiteradas ocasiones con la SIDE, personal del Poder Ejecutivo, funcionarios judiciales e incluso con Stinfale por la época del pago.

Se cree que así el ex presidente de la DAIA tomó conocimiento de las pretensiones de Telleldín a cambio de declarar y que fue cómplice y partícipe secundario, por lo tanto, del delito de peculado.

Luego de repasar las acusaciones, los representantes del Ministerio de Justicia iniciaron una larga explicación que continuará la próxima semana, respecto a las razones por las que no consideran que los ex fiscales de la causa AMIA, Eamon Mullen y José Barbaccia, hayan tenido algún tipo de responsabilidad en los ilícitos que el resto de los funcionarios cometieron.

Console sostuvo que si bien “hay dudas”, lo dicho por los testigos en este juicio no representan “pruebas que puedan superar esas sospechas”. A su vez, explicó, “no se encuentra acreditado, de haber conocido la operación de pago, de qué forma prestaron colaboración en esos hechos”, algo “indispensable para asegurar la acusación”.

Además, el abogado dijo que “el director del proceso era el juez” y que “había una división” entre el magistrado y el Ministerio Público. Por lo tanto, concluyó, hay una “duda razonable” sobre la actuación de los ex fiscales, que no permite “arribar a una conclusión sobre su actuación”.

El próximo jueves, anticipó, continuarán argumentando sobre la absolución de Mullen y Barbaccia, para el caso del delito de privación ilegítima de la libertad.