Delitos de odio: cómo se castigan en los distintos países

Cuando el prejuicio es fundamento de una conducta penada por ley, un delito común se convierte en uno motivado por el odio. Qué dicen los códigos penales de los países que los castigan especialmente.

La cifra de los delitos reportados originados en un odio racial en Estados Unidos se incrementó en los 10 días posteriores al triunfo electoral de Donald Trump , según un informe Southern Poverty Law Center (SPLC). El odio -o prejuicio- se cuenta como un agravante de la pena. En Argentina, esta figura legal fue introducida en 2012 al Código Penal en el marco de la reforma que se conoció como Ley de feminicidio. En el mundo, la discusión hacia su reconocimiento especial atraviesa avances y retrocesos en las distintas latitudes.

Los debates jurídicos en torno a los delitos de odios como tipos penales propios tienen como punto bisagra los movimientos inmigratorios en el seno de Europa tras la crisis de la primera década del siglo. Los ataques contra los migrantes africanos, comunidades gitanas y judías recrudecieron e hizo ineludible la adaptación jurídica.

Foto. CPI
Sesión de la Corte Penal Internacional (CPI)
Sesión de la Corte Penal Internacional (CPI)

Es que los actos motivados por la pertenencia de la víctima a un grupo humano (edad, sexo, identidad sexogenénerica, religión, raza, etnia, nivel socio-económico, nacionalidad, ideología, afiliación política o discapacidad) es un paso más que la discriminación. La dimensión temporal es la clave que diferencia a la normativa antidiscriminatoria de los tipos penales aplicables a conductas ilegales motivadas por prejuicios: mientras las primeras son preventiva, las últimas son procedimientos procesales y condenatorios.

Las lesiones, amenazas, abusos sexuales y tratos degradantes son sus manifestaciones más recurrentes. Para la Corte Penal Internacional (CPI), es un subtipo de ‘delito contra la Humanidad’: el odio a la víctima está fundado por la xenofobia hacia el grupo de pertenencia al que representa, por ejemplo, la aporofobia, la animadversión a la persona en situación de pobreza.

Las lesiones, amenazas, abusos sexuales y tratos degradantes son sus manifestaciones más recurrentes. Para la Corte Penal Internacional (CPI), es un subtipo de ‘delito contra la Humanidad’: el odio a la víctima está fundado por la xenofobia hacia el grupo de pertenencia al que representa, por ejemplo, la aporofobia, la animadversión a la persona en situación de pobreza

Con todo, no deben confundirse con los crímenes agravados por el ‘sentimiento de odio’: Una ciudadano puede cometer un delito y además sentir odio por la persona a la que agrede, pero se trata de situaciones en las que el odio se proyecta individualmente. Una riña patrimonial entre vecinos no implica una afectación (real o simbólica) hacia un colectivo -característica esencial de los delitos de odio-. Si hay agravios relacionados con una pertenencia religiosa, la categorización sí es pertinente.

En Argentina, uno de los casos más recientes es el de dos jóvenes gays de Mar del Plata que fueron apaleados por miembros de un grupo neonazi. La agresión se produjo en octubre de 2015 y por las fracturas y cortes que sufrieron, las víctimas debieron ser asistidas en el Hospital Interzonal de Agudos.

Su legislación en el Mundo

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (CERI) adoptó en 2002 la Recomendación N° 7, relativa a las legislaciones nacionales de lucha contra el racismo, en la que se establece que: “deben tipificarse como delitos penales los comportamientos siguientes, cuando se muestren de forma intencionada: a) la incitación pública a la violencia, el odio o la discriminación; b) las injurias o la difamación públicas; o c) las amenazas, cuando se dirijan contra una persona o un conjunto de personas por razón de su raza, color, idioma, religión, nacionalidad u origen nacional o étnico”.

El término crímenes de odio (Hate crimes, en el idioma sajón) surgió en Estados Unidos, en 1985, cuando una oleada de delitos basados en prejuicios raciales, étnicos y nacionalistas fueron investigados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Tras las elecciones de 2015, el reporte de SPLC documentó 867 incidentes que van desde ataques hasta mensajes amenazantes a través de graffitis, fundados en denuncias hechas al grupo o a través de medios de comunicación. Es un incremento importante respecto a la tasa habitual de delitos de odio racial registrada en Estados Unidos, dijo el presidente del grupo, Richard Cohen.

CumbreComunicacionIndigena (2)España es uno de los países que más discutió esos tipos. Sin embargo, su informe de 2015 elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad -dependiente del Ministerio del Interior- recabó 1.328 incidentes, de los cuales, casi el 85 por ciento del total nacional se concentró en cinco ciudades (Cataluña -277 casos-, el País Vasco -201-, Madrid -159-, Andalucía -142- y Valencia -123-).

En Gran Bretaña, el Ministerio de Interior y Justicia creó este año una nueva unidad destinada al combate de los delitos de odio cometidos online, en respuesta al aumento de estas prácticas tras el referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea (o Brexit). El Centro de Delitos de Odio Online estará compuesto por agentes entrenados para apoyar a las víctimas e identificar a los que se esconden tras las pantallas de ordenadores y dispositivos móviles para perpetrar ataques xenófobos.

En Suecia, la legislación contempla que no es necesario que la víctima pertenezca a algún grupo para ser víctima de un crimen de odio: “Basta con que el perpetrador actúe en la creencia de que sí pertenece”

En Sudamérica, además de Argentina, Venezuela y El Salvador se metieron en el debate. El país sudamericano adaptó su legislación a la Declaración de la ONU sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género (que firmó junto a otras 65 naciones, en diciembre de 2008) en la cual se insta a tomar medidas efectivas para evitar la violencia y la discriminación en contra de las personas por esas razones, así como asegurar el goce pleno de todos sus derechos.

En el caso del país centroamericano, el precedente lo sentó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con su fallo en la causa denominada Caso Yatama versus Nicaragua (2005). Desde entonces, el debate se instaló en la sociedad, encabezado por la comunidad LGBTIQ (lesbianas, gays, bi e intersexuales y queers), por lo que la legislatura modificó dos artículos del Código Penal nacional (el 129 y 155) elevando la pena hasta los 60 años para los perpetradores de un homicidio contra miembros de esa comunidad, siempre que se compruebe que estuvieron precedidos por un prejuicio.