Cómo se combate el ciberdelito en la Argentina

Taller regional sobre cibercrimen, realizado el año pasado en la Argentina.

Para la Justicia sigue siendo un desafío investigar y sancionar los ilícitos que se cometen desde una computadora o un celular. El Poder Ejecutivo puso en marcha talleres para capacitar a funcionarios judiciales.

Cuando se habla de phishing, grooming o phreaking, aunque no haya ninguna referencia en el Código Penal argentino, se está hablando de delitos: específicamente, de ciberdelitos. Por la complejidad y, sobre todo, por ser cometidas a través de un formato digital (computadoras, celulares y otros soportes de este tipo), estas conductas suponen nuevos desafíos para la investigación criminal.

Si bien la Justicia avanzó en materia de investigación y de sanciones contra este tipo de delitos, lo cierto es que para los investigadores todavía resulta una problemática difícil de afrontar. Con algunos fallos en la materia y el aporte de especialistas como base, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación lleva a cabo varias iniciativas para avanzar en este sentido.

Gracias a una iniciativa conjunta con la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el ministerio que dirige Germán Garavano brindó durante este año una capacitación en ciberdelitos en algunas provincias argentinas. Hasta ahora, más de 175 jueces acudieron a las capacitaciones.

Uno de los principales problemas que se les presentan a los magistrados es la falta de un criterio unificado a la hora de abordar los casos de ciberdelitos que se les presentan.

Incorporarlos al Código Penal

Estos talleres también sirven en ese sentido, ya que no existen leyes penales específicas para todos los delitos cometidos en soporte digital. Este es uno de los motivos que impulsan la discusión por la reforma del Código Penal, ya que muchos especialistas y jueces entienden que es necesario incorporar estas conductas a ese cuerpo normativo.

Esta propuesta es impulsada desde la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio, dirigida por Juan José Benítez. Desde allí también se ejecuta el Programa Nacional de Criminalística, que también se encarga de difundir y capacitar nuevas prácticas de investigación en la materia. Desde este espacio se impulsaron capacitaciones para operadores judiciales, como las de Investigaciones en Cibercrimen.

También hay capacitaciones que apuntan a las fuerzas de seguridad, de modo sus integrantes puedan aprender a “conservar” la evidencia digital. Marcelo Romero, integrante del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires es uno de los encargados de llevar a cabo estos encuentros en todo el país.

Qué leyes ya funcionan

Actualmente existe una ley que incorpora el “grooming”, que persigue a quienes cometan algún delito contra la integridad sexual de un niño, niña o adolescente a través de redes sociales como Facebook o Twitter.

La ley 26.904 fue sancionada en noviembre de 2013 y establece que “será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.

En abril pasado, la Cámara dio media sanción a la ley que aprueba el Convenio sobre Ciberdelito del Consejo de Europa. Esta legislación busca “armonizar” (es decir, poner en común) las normativas que hay a nivel internacional en la materia.