El sistema acusatorio rige en todos los juzgados santiagueños

La ciudad santiagueña de Monte Quemado comenzó a implementar el nuevo Código Procesal Penal. De esta forma, la provincia ya utiliza este sistema en todos sus departamentos judiciales.

El primero de febrero de 2011, Santiago del Estero comenzaba a implementar el nuevo Código Procesal Penal provincial y, consecuentemente, el uso del sistema acusatorio. Exactamente seis años después, la ciudad santiagueña de Monte Quemado adoptó este sistema y, de esta forma, culminó con el proceso que requirió una readaptación de la forma en las investigaciones penales.

Entre las numerosas novedades que introdujo la sanción y puesta en funcionamiento de aquel Código, el sistema acusatorio se destaca: esta herramienta permite que la investigación en la etapa de instrucción -o sea, en el comienzo del proceso Penal- sea llevada a cabo por un fiscal y no por el juez que decidirá si el o los acusados deben ser llevados a juicio oral. De esta forma se elimina el peligro de que haya una parcialidad en contra de los sospechosos en la decisión del magistrado.

A pesar de que la implementación comenzó hace seis años, el Código Procesal Penal santiagueño todavía es novedoso: la primera sentencia aplicándolo es de septiembre de 2013. Entonces, un hombre fue condenado a cinco años de prisión por un homicidio simple.

En la presentación llevada a cabo en el Centro Judicial de Monte Quemado estuvieron presentes el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial, Santiago Argibay, el ministro de Justicia santiagueño, Ricardo Daives, los titulares de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa, Luis Alberto De La Rúa y Enrique José Billaud, entre otros magistrados y funcionarios.

Argibay señaló en su intervención durante el encuentro: “Dejamos atrás un sistema totalmente vetusto en donde los roles del juez estaban seriamente confundidos con tareas investigativas. Eso hoy lo delegamos en manos de la Fiscalía, que es el órgano acusador y tendrá a cargo la investigación de los hechos penales”

Desde ahora, “serán los jueces quienes velarán por el control del debido proceso, las garantías constitucionales y sobretodo analizaran y harán exclusivamente su tarea de juzgar sin estar confundida su labor con la tarea investigativa que antes realizaban los jueces de instrucción”, completó el magistrado supremo.

En este mismo sentido, precisó que “este es un cambio muy significativo en beneficio del ciudadano quien tendrá una mayor calidad y una efectiva vigencia de sus derechos constitucionales, aunque el juez de control velará para hacer respetar esos derechos; pero sobre todas las cosas le brindara al justiciable un servicio más ágil, transparente y a la vista de toda la comunidad”.

“Esto es lo más significativo de este cambio cultural, e implicara el esfuerzo de todo los operadores judiciales, no solo jueces, fiscales y defensores, sino también los abogados de la matricula que ejerzan la profesión y sobre todas las cosas los auxiliares de justicia que trabajan en este Centro Judicial. Vivimos esperanzadamente este momento con la convicción de que éste es un paso significativo. No será el último, porque vamos a seguir trabajando en conjunto para acercar el servicio de justicia al ciudadano”, concluyó el titular del máximo tribunal provincial.