Santa Fe: nuevo fiscal y defensora general en la provincia

Este jueves asumieron sus funciones el nuevo fiscal general y la nueva defensora general santafesinos. Serán los encargados de dirigir los organismos que acusan y defienden en nombre del Estado en los procesos judiciales. ¿Qué funciones cumplen los ministerios que ocupan? Después de algunos meses de debate, la Asamblea Legislativa santafesina aprobó las postulaciones de Jorge Bataclini como fiscal general de la provincia y de Jaquelina Balangione como defensora general. Este jueves, ambos prestaron su juramento, por lo que ya entraron en funciones.

Estas designaciones se dan en el marco de una reforma penal que la provincia empezó hace ya algunos años. En este sentido, uno de los principales objetivos es el pasaje a un sistema “acusatorio”. En líneas generales, esto implica que las investigaciones ya no serán llevadas como solía ser de forma tradicional, es decir, por jueces de instrucción, que son los mismos que determinan si el acusado debe ir a la siguiente instancia, que es el juicio oral (donde, en base a la evidencia, se determina si existe culpabilidad).

Con este sistema, los fiscales pasarán a llevar adelante la investigación de forma exclusiva, mientras el juez de instrucción tendrá potestad sobre otras decisiones en el marco del proceso. Por este motivo, el rol que ocupará Bataclini, pero también el de Balangione, son esenciales en este esquema, ya que trazarán las líneas de acción generales para los fiscales y defensores provinciales.

Los ministerios público fiscal y de la defensa son los órganos del Estado que, en procesos judiciales, se encargan de acusar y defender, respectivamente. Víctimas, acusados, todos corren con el mismo derecho a la defensa y también son pasibles de ser acusados, siempre que existan las pruebas para ello.

Pero estos órganos tienen una particularidad: por la tarea que emprenden, la independencia de los poderes del Estado es fundamental. Por este motivo, son autónomos (es decir, se autoregulan) y autárquicos (disponen de su presupuesto); por su función, trabajan de forma directa con la administración de Justicia.

El Ministerio Público de la Defensa santafesino defiende a toda persona acusada de haber cometido un delito; aquellas que ya cumplen una pena por haberlo cometido; a quienes se nieguen a designar un abogado o quienes tengan imposibilidades económicas para ello; además, promueve la vigencia de los Derechos Humanos a nivel provincial.

Al mismo tiempo, Balangione tendrá como funciones fijar las políticas institucionales del órgano; ejercer la superintendencia de la institución, de modo que tomará decisiones administrativas generales; propone al Poder Ejecutivo santafesino nombramientos, ascensos y movimientos de los funcionarios del Ministerio, entre otras funciones.

Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación es el que se encarga de investigar los delitos “ya cometidos”. Este organismo fue creado por ley en 2009, y tiene la particularidad, a diferencia de otros órganos fiscales, de que sólo se aboca al fuero Penal. Entre otras cosas, tiene la potestad para dirigir a la policía cuando lleva a cabo “funciones judiciales”; es decir, cuando investiga causas judicializadas.