Ya funciona una oficina de violencia de género en Tartagal

La ciudad salteña de Tartagal cuenta ya con uno de estos órganos pensados para asistir en causas que tienen como víctimas a mujeres. En la provincia, su creación está contemplada en la flamante ley 7.954.

Los volúmenes de denuncias varían poco, no se reducen o aumentan: las violencias con origen en el odio de género y doméstica se convirtieron en una de las principales problemáticas a combatir desde los poderes del Estado. Cada gobierno emprende distintas acciones, que en el caso salteño, a partir de esta semana, se traduje en una nueva Oficina de Violencia de Familiar y de Género (OVFG) en la ciudad de Tartagal, que es la sede del departamento judicial homónimo.

Entre las funciones de estos órganos se encuentran “recibir de manera directa o por remisión denuncias por hechos de violencia familiar y de género; brindar información y asesoramiento sobre los cursos de acción posible; realizar las derivaciones correspondientes; elaborar un informe de riesgo cuando la denuncia se presente de manera directa en las oficinas”.

También pueden disponer “si hubiere lesiones, la inmediata constatación de las mismas por profesionales del Servicio Médico del Poder Judicial; confeccionar los informes que requiera el o la juez/a competente”.

Las OVFG cuentan con un horario de atención que inicia a las 7.30 -hasta las 19.30-, y son coordinadas por una secretaría que abarca a todos los espacios de este tipo en los departamentos judiciales de la provincia, de modo que el trabajo pueda hacerse con una perspectiva amplia y poniendo en conocimiento a los diferentes órganos judiciales acerca de las personas que ejercen estos tipos de violencia.

La OVFG Tartagal empezó a funcionar esta semana, tras la ceremonia que encabezó Guillermo Catalano, presidente de la Corte de Justicia de Salta (CJS). También participaron quienes estarán a cargo de este nuevo órgano: Guillermo Antonio Aracena, Graciela Elisabeth Aramayo Ruiz, María Belén Brito Campo y María Agustina Ibáñez.

La creación de este tipo de oficinas está contemplada en la ley provincial 7.954 sancionada el año pasado, cuyo antecedente fue una acordada de la CJS del año 2010. Allí se implementó, como plan piloto, una Oficina de Violencia Familiar (OVIF) que tomaba de referencia la experiencia llevada a cabo por el máximo tribunal nacional.

La sanción de la ley permitió que el ámbito de competencia de las oficinas alcance a la violencia de género que excedan las relaciones de pareja o el ámbito doméstico. A su vez, cuentan con equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos y psicólogas, trabajadoras sociales y abogados y abogadas.