Rodolfo Orjales, especialista en cibercrimen

“Las leyes tienen que ser un balance entre seguridad y derechos”

Luego de exponer en el Taller en Materia de Delito Cibernético, el miembro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y realizó un panorama regional con un marcado hincapié en la necesidad de la capacitación.

Con larga experiencia en el ámbito judicial norteamericano, desde al 2000 reviste en el Departamento de Justicia y, además, recorre diversos países, lo que lo convierte en un entendido en la materia.

-¿Cuál es el objetivo de estos talleres para magistrados sobre delitos informáticos?

-El combate contra los delitos informáticos requiere un esfuerzo internacional. Ningún país se puede aislar. Esto empezó años atrás cuando nos enfocamos en los poderes legislativos de Latinoamérica al brindarles las herramientas necesarias para modificar las leyes o armonizarlas en cuestiones ligadas a los delitos informáticos. Luego, seguimos con los investigadores, los fiscales y ahora los jueces para que puedan tomar en consideración que las evidencias digitales pueden desaparecer muy rápido. No podemos tomarnos tres meses en averiguar una dirección IP.

¿Se trata de conocer más acerca de las herramientas?

-Claro. Cuando investigamos un delito informático, hablamos también del uso de una computadora como parte de un delito que va desde un caso de delitos sexuales o trata de personas hasta uno de narcotráfico. Desde realizar una comunicación telefónica, u otro tipo de herramientas para cometer distintos tipos de delitos. Por eso, se necesita el conocimiento de los instrumentos tecnológicos actuales para seguir capacitando a los actores judiciales.

Tenemos que seguir con los talleres para más jueces y más fiscales para tratar de entender la tecnología desde su punto más básico. Hay que seguir en la lucha.

-¿Qué impresión se llevó de los talleres y que herramientas faltan?

-Falta mucho. El tratado de Budapest es un espejo a mirar para copiar algunos modelos y mirar las leyes procesales para obligar a un proveedor de servicio como Facebook o Google, por ejemplo, a que preserve datos del servicio sin la necesidad de tener una orden judicial. Son decisiones que se deben tomar en segundos porque existe riesgo de vida. Lo que estamos buscando es preservar los datos, no entregarlos, para tener tiempo de buscar la orden judicial y ordenar su preservación.

-¿No se preserva la prueba digital, entonces?

-No, no se preserva. ¿Cómo hacemos? El tratado de Budapest abriría la puerta a las modificaciones que a Latinoamérica todavía no han llegado. Existe el grupo de 24 x 7, del que participa Argentina, pero no otros países de la región. Es un mecanismo en el cual un investigador puede pedir la preservación de una cuenta de Facebook y en 20 minutos ya estará preservada esta prueba digital.

-¿Con respecto a las redes sociales hay alguna limitación?

-En general necesitamos órdenes judiciales para la entrega de los registros de alguna red social. Salvo una excepción si es un caso de vida o muerte o una emergencia.

-En el simulacro de la audiencia oral de la última jornada del taller se debatió la intromisión del personal policial al teléfono celular del acusado. Aquí se permite secuestrar el móvil pero no desbloquear la clave y extraer los datos personales.  ¿Qué estipula la legislación actual con respecto a este tema en Estados unidos y en Latinoamérica? 

-La Corte Suprema de los Estados Unidos permitió que la policía pueda secuestrar la cartera, el bolso, pero no así los teléfonos celulares que son un mundo diferente. No pueden revisarse sin orden judicial y las autoridades deben necesitar una para revisarlos. En Latinoamérica, yo creo que las leyes tienen que ser un balance ente la seguridad y los derechos personales.  La seguridad es importante pero la privacidad de los ciudadanos se tiene que respetar. La pregunta es:  ¿A dónde se pone la línea?.  En un aeropuerto aceptamos la invasión de la privacidad, pero hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar esta intromisión. Este punto lo debe decidir cada país.