Entre Ríos: proyecto de ley para crear el Abogado del Niño

En la Cámara de Diputados provincial se presentó un proyecto de ley para que se empiece a usar esta herramienta en la Justicia entrerriana. En líneas generales, implica que los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a un representante legal particular que defienda sus intereses.

La ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que los menores de edad tienen derecho a tener un representante legal que, de forma particular, represente sus intereses personales e individuales. Todo esto aparte de la tarea que puedan representar los asesores de incapaces, que son los operadores de la Justicia que hablan en el nombre de los chicos durante los procesos judiciales.

Si bien esta derecho está consagrado a nivel legislativo a nivel nacional, en la mayoría de las provincias todavía no se dictaron normas para adherir a la legislación. Hay, sin embargo, numerosos fallos de juzgados de primera instancia y cámaras de apelaciones en los que se propone el uso de esta herramienta.

Entre Ríos no quiere quedarse atrás en esta materia, y por este motivo se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados provincial para crear la figura a nivel local. La propuesta, que ya ingresó a la Comisión de Legislación General, tiene la firma de varios senadores: Lucas Larrarte, Ángel Giano y Mario Torres.

Según consigna el proyecto, el Abogado del Niño, Niña y Adolescente deberá representar “los intereses personales e individuales de los niños, niñas y adolescentes en los procedimientos judiciales, de mediación o administrativos que los afecten, y en los que intervendrán en carácter de partes, sin perjuicio de la representación promiscua que pudiere corresponder conforme a la normativa en vigencia”.

Esta iniciativa también crearía un Registro Provincial de Abogados del Niño, Niña y Adolescente, que sería administrado por el Colegio de Abogados de Entre Ríos. Allí se podrán inscribir los profesionales matriculados que demuestren algún tipo de especialización en la materia, es decir, en derechos del niño. Esta nómina deberá actualizarse sistemáticamente y, luego, reportar las novedades en este sentido al Superior Tribunal de Justicia entrerriano, al Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de la Provincia y al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia.

Al mismo tiempo, en el proyecto se precisa que las costas (es decir, los gastos de honorarios y otros conceptos que se establezcan después del fallo) deberán ser abonadas por los padres, excepto en los casos en los que, por una imposibilidad económica, no puedan hacerlo. En ese caso, el Poder Ejecutivo provincial será el encargado de esos gastos.

Estos abogados tendrán, además, algunas obligaciones: deberán entrevistarse con el niño, niña o adolescente que representen; informarle todo lo que suceda en la causa y cuáles son sus derechos; y, especialmente, por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los menores en contacto con la Justicia, cumplir con especial atención el deber de confidencialidad y lealtad.