Entre Ríos incorpora el juicio popular para procesos penales

La provincia de Entre Ríos está cada vez más cerca de tener juicios por jurados. Lo anticipó el gobernador, Gustavo Bordet, y ya cuenta con un amplio respaldo de los bloques de la Legislatura.

El anuncio del Poder Ejecutivo provincial se realizó a comienzos de septiembre ante representantes del colegio de abogados y legisladores de todos los bloques, quienes expresaron públicamente su apoyo a esta forma de proceder judicialmente con participación ciudadana, tal como establecen las constituciones Nacional y de Entre Ríos, reformada en 2008.

Según anticiparon desde el oficialismo, buscará incorporar los juicios por jurados en los procesos penales significativos al respecto de la gravedad del delito y las penas. Y no será obligatorio sino que lo decidirá el imputado.

El proyecto de ley, que fue redactado por el diputado provincial Julio Federik, prevé como requisito para integrar los 12 banquillos, ser mayor de edad, contar con la primaria finalizada y no tener vinculación activa con los poderes del Estado ni ser abogado, escribano o policía. Tampoco serán convocados aquellos que se relacionen con organizaciones sociales ni religiosas.

Se sortearán treinta y seis personas del padrón por medio del Tribunal Electoral en igual número de hombres y mujeres, de los cuales sólo doce quedarán seleccionados para conformar el jurado de forma titular, con seis integrantes suplentes. En ese proceso, las partes acusadoras y querellantes podrán intervenir para recusar a los jurados si así lo consideran.

Al momento del juicio, un magistrado tendrá la tarea de dirigir la audiencia e instruir al jurado acerca de la deliberación que deberá efectuar para alcanzar un veredicto. Una vez que se exprese la decisión final, el juez decidirá qué pena cabe si se determinó la culpabilidad del acusado. También puede decretar la nulidad y convocar a otro jurado si considera que la conclusión a la que se arribó resulta notoriamente grosera.

Hasta el momento sólo Buenos Aires, Chaco y Neuquén son las provincias que cuentan con leyes vigentes para implementar esta modalidad de acercamiento de la población a la justicia, mientras que Río Negro ya aprobó la legislación que se aplicará a partir del 2018.