Entre Ríos: avanza la elección del defensor público de víctimas

Fueron seleccionados 60 candidatos de entre 100 abogados y abogadas para cubrir el cargo de Defensor Público de Víctimas de la provincia de Entre Ríos, elección que definirá este año la Defensoría General de la Nación.

La figura del Defensor Público de la Víctima fue creada en junio último a través de la Ley 27.372, de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, para garantizar, entre otras cuestiones, la asistencia jurídica a quienes resulten damnificados por delitos graves.

En Entre Ríos, el diputado Esteban Vitor impulsó un proyecto de ley, que ya tiene estado parlamentario, para incluir en la provincia la figura que hasta ahora existe sólo en Buenos Aires, Chubut y Mendoza.

A diferencia de lo establecido a nivel nacional, Vitor plantea la creación de cargos destinados a abogados dependientes del Poder Ejecutivo para hacer efectiva la posibilidad de que la víctima, al constituirse como querellante, tenga derecho “a recibir gratuitamente el patrocinio jurídico que solicite para ejercer sus derechos, y en su caso para querellar, si por sus circunstancias personales se encontrare imposibilitada de solventarlo”.

Los damnificados por un delito tienen derecho a contar con patrocinio legal gratuito tanto durante el proceso como en el período de ejecución de la pena, podrán constituirse como querellantes, participar de las declaraciones de los testigos a través de su abogado y deberán ser notificados sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias a que aspiren acusados y condenados.

Una ley nacional

Sancionada en Ddiputados con 219 votos a favor y ninguno en contra, la ley nacional prevé la creación de centros de protección y de asistencia a las víctimas de delitos como narcotráfico, trata de personas o crímenes de lesa humanidad, los que deberán contar con médicos, psicólogos, asistentes sociales e investigadores especializados.

El nuevo régimen establece una protección especial a discapacitados, menores de edad y mayores de 70 años, y también a las personas que tengan una relación de convivencia, dependencia económica, afectiva o laboral con el supuesto autor del delito.