Entre Ríos avanza con la digitalización de la justicia

Una ley promulgada por el Poder Ejecutivo de esa provincia equipara el uso del expediente electrónico y la firma digital con sus equivalentes en papel. Así, ahora es indistinto el uso de cualquier soporte: ambos tienen validez.

A mediados de 2014, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos puso en marcha un plan piloto para implementar, de forma progresiva, la firma digital en todos los trámites llevados a cabo ante el Poder Judicial. Si bien se generaron algunas resistencias por el desconocimiento de la herramienta, la semana pasada se dio un paso más para concretar definitivamente su uso.

El gobierno entrerriano promulgó la ley 10.500 que prevé que “expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, notificaciones, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos” tendrán la misma validez que todos sus equivalentes en papel.

En el texto, cuya reglamentación fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia, también se dispone que la aplicación de estas herramientas tecnológicas sea acorde a las disposiciones del STJ. El órgano ya aplicaba la firma digital a modo de prueba.

Evitar la acumulación de papel

Esta ley fue impulsada desde el máximo tribunal provincial, desde donde se propició el uso de soportes digitales. Si bien es un importante avance, la renovación tecnológica a nivel nacional y provincial para la Justicia data de hace pocos años. El papel sigue siendo la base de todos los actos en un proceso.

En el marco de políticas públicas impulsadas desde las administraciones de Justicia provinciales y desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, esta iniciativa busca avanzar hacia la digitalización de los trámites, evitando así, entre otras cosas, la acumulación de papel en los expedientes. Este dato puede resultar menor, pero, por ejemplo, muchos juzgados bonaerenses sufrieron problemas edilicios por la sobrecarga de expedientes.

Al mismo tiempo, las herramientas digitales permiten que algunas consultas sean más veloces: entre otras cosas, un abogado puede, por caso, consultar un expediente a través de la web, sin tener que acercarse hasta los juzgados y evitando esa pérdida de tiempo.

El marco de esta normativa en Entre Ríos se remonta a 2001, cuando el Congreso nacional sancionó la ley 25.506, que estableció que “cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital”.

En 2011, de forma complementaria, se sancionó la ley 26.685, que autorizó el uso de “expediente electrónico, de documento electrónico, de firma electrónica, de firma digital, de comunicaciones electrónicas y de domicilio electrónico constituido, en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación”. La redacción de esta norma es casi análoga a la sancionada recientemente en Entre Ríos.