Río Negro cuenta con una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial

La legislatura provincial sancionó la legislación que modifica la estructura del Poder Judicial rionegrino. También se modificaron las leyes de Ministerio Público y Código Procesal Penal provincial.

En miras a avanzar hacia un sistema penal acusatorio, es decir, donde las investigaciones sean llevadas a cabo por fiscales y no por jueces, la legislatura de Río Negro sancionó tres leyes en este sentido: la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial; cambios en la normativa sobre el Ministerio Público (que nuclea a fiscales y defensores); y otro que contempla algunas innovaciones en el Código Procesal Penal provincial.

El cambio en la Ley Orgánica es importante: se incorporarán tres nuevos órganos “jurisdiccionales”; es decir, tres órganos de decisión judicial. Un Tribunal de Impugnación, un Foro de Jueces Penales y Juzgados de Ejecución.

Para entender de qué se tratan estos cambios, es importante recordar que estas “leyes orgánicas” que estructuran los poderes judiciales de las provincias (también hay una que funciona para la Justicia nacional) son las que determinan la cantidad de juzgados, cómo se distribuyen, qué instancias judiciales (primera instancia, cámara de apelaciones, un tribunal superior) existen, cuáles son sus funciones, etcétera.

En el caso del Tribunal de Impugnación, será una nueva instancia en el fuero penal que revisará todas las sentencias definitivas (es decir, aquellas que hayan sido confirmadas en una segunda instancia). Es una instancia previa al Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial, que es la máximo instancia para revisar un fallo en Río Negro.

El Tribunal de Impugnación estará compuesto por tres jueces, que serán parte de la circunscripción judicial en la que se haya dictado el fallo cuestionado: es decir, si la queja es de Viedma, los magistrados serán de ese departamento judicial; si sucede en Bariloche, pertenecerán a esta otra división del Poder Judicial provincial.

El Foro de Jueces, por su parte, dividirá a los jueces en las ciudades cabeceras de cada circunscripción judicial en dos: jueces de juicio y jueces de garantía. Esta división busca que no haya sobrecarga de tareas, ya que los primeros se encargarán de lo relativo al juzgamiento durante el proceso, mientras que los segundos bregarán por el cumplimiento de los derechos de víctimas, acusados y testigos.

Los jueces de juicio se encargarán de intervenir en juicios correccionales (por delitos de penas excarcelables), en el control de la acusación (que es llevada adelante por la fiscalía, o sea, el Ministerio Público), y en los juicios por jurados. También intervendrán como parte de tribunales en los juicios orales y públicos.

Los jueces de garantía tendrán un rol preponderante en la etapa preliminar a la instancia del juicio oral (que es cuando todas las pruebas, testimonios y demás elementos de la causa se presentan ante un tribunal que decide sobre la culpabilidad del acusado), decidiendo además sobre las suspensiones de juicio a prueba y el control del seguimiento de estas suspensiones, en los casos que se den.

Por su parte, los jueces de Ejecución forman parte de un sistema que tiene cierto recorrido histórico: hace varias décadas, a nivel nacional, cuando se dictaba una sentencia condenatoria en materia penal, la Justicia dejaba de intervenir en el cumplimiento de la condena y pasaba a ser una cuestión tomada únicamente por el servicio penitenciario. Pero desde la sanción de la Ley de Ejecución de la Pena, el Poder Judicial volvió a intervenir, controlando la evolución de los condenados y estableciendo para ello un régimen de “progresividad”. Lo sucedido a nivel nacional se replicó en las provincias.

Finalmente, otro de los puntos destacados de estas modificaciones es el pasaje a un sistema penal acusatorio. Este “sistema”, básicamente, busca que los jueces dejen de llevar adelante la investigación de los casos que se presentan en materia penal, para que el Ministerio Público, a instancias de los fiscales, se encargue de ello. De esta manera, entre otras cosas, se evita la parcialidad de tener un juez que, al tiempo que investiga, decide si enviar a juicio oral ante un tribunal al investigado.