Avances en el debate hacia una ley de Responsabilidad Penal juvenil

Se trata de una serie de encuentros organizados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los aportes de más de 600 representantes de diferentes sectores del Estado y la sociedad ayudarán a avanzar en la redacción de un anteproyecto de ley.

Después de ocho encuentros en los que se discutió acerca de condiciones de encierro, delitos, sanciones y otras temáticas referentes a la creación de un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, este jueves culminó esta primera etapa del debate. De esta forma, se trazaron los primeros lineamientos para la redacción de un anteproyecto de ley en este sentido.

Se llevó a cabo esta última reunión donde Martín Casares, subsecretario de Política Criminal, fue el coordinador. Desde este lugar hizo un repaso de todos los consensos logrados a través de los ocho encuentros realizados durante febrero.

Entre otras cosas, el funcionario nacional recordó que se recibieron aportes de más de 190 organizaciones no gubernamentales y de 2000 personas que hicieron lo propio de forma particular. Especialistas en la materia, profesionales de diferentes áreas,funcionarios e integrantes de los tres poderes del Estado participaron activamente de estos intercambios y se acercaron a debatir a la sede de la cartera de Justicia.

Stephanie Bridger
Responsabilidad Penal Juvenil
Miguel Cillero Bruñol

Casares, que estuvo acompañado en una de las jornadas por el especialista internacional en derecho penal de los adolescentes y derechos humanos, Miguel Cillero Bruñol, subrayó que “la iniciativa apunta a debatir no sólo sobre la edad de imputabilidad, sino poner el  foco en el tratamiento que se les va a dar a los menores que tengan un conflicto con ley penal”.

“Estamos avanzando entre todos en el diseño de una política criminal democrática, abierta y plural”, agregó

Los ejes sobre los cuales se arribó a consensos fueron el abordaje temprano y la prevención; la Justicia especializada (en referencia a que un sistema Penal para menores debe tener sus propias normas y fuero); las medidas alternativas; los delitos y sanciones; las condiciones de detención; los sistemas de articulación intersectorial permanente y la dotación de recursos; los sistemas de información y datos estadísticos; y, finalmente, y con la discusión sobre la mesa, la edad de imputabilidad.

También se consideró que el eje del debate no debe pasar por la edad de imputabilidad sino por crear un sistema que permita contener y generar medidas socioeducativas para contribuir en la reinserción del joven en conflicto con la ley Penal.

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Laura Musa

En este sentido, Laura Musa, integrante de Fundación Sur, precisó que “hoy el juez puede disponer cárcel o cualquier medida para adolescentes menores de 16 años. (Por tanto) urge  enviar un proyecto al Congreso que fije la edad mínima de punibilidad y que todos los adolescentes gocen de las garantías del debido proceso, defensor técnico y sentencia apelable. Por debajo de esa edad, la ley penal debe cerrar el caso y no habrá intervención asistencial-punitiva permitida”, sentenció.

Además, propuso que las garantías “se extiendan entre los 14 a 18 años, con penas privativas de libertad para la franja de edad más alta y delitos más graves y sanciones en medio abierto para la de menor edad”

En otra posición en este sentido, y marcando los argumentos jurídicos a los que adhirieron quienes estaban en contra de la baja, Damián Muñoz, de la Defensoría General de la Nación (DGN), precisó que, de acuerdo al principio de mínima intervención Penal y el encierro como última ‘ratio’, no se debía llevar a cabo la modificación. Propuso, en cambio, que el régimen vaya de los 16 a 18 años. “Hay que intervenir con sistemas de prevención y no penales”, expresó.