Nuevas formas de vulnerar la intimidad en el mundo virtual

Los delitos que pueden ser cometidos  en Internet van variando y la legislación queda obsoleta. Se busca respetar el derecho a la privacidad con un proyecto de ley que penaliza a la “pornovenganza” o el daño al honor.

En nuestra legislación, el daño a la intimidad de los ciudadanos rige en el artículo 19 de la Constitución Nacional que resguarda “las acciones privadas de los hombres” mientras que los tratados internacionales a los que adhirió el país en 1994 bregan en sintonía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 11, señala “la honra y la protección de la vida privada que comprende entre otros ámbitos protegidos, la vida sexual”.

A nivel mundial, el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información definió a la pornografía de venganza como un problema de dimensiones globales. Ha sido definida como “la publicación o puesta a disposición, o la amenaza de hacerlo, al público en general o de terceros en particular, de forma deliberada, utilizando la internet u otra tecnología de la comunicación de imagen/es, o audio/s o contenido/s audiovisuales de naturaleza sexual explicita, sin el consentimiento de la víctima, por parte de un individuo con el que esta estuviera manteniendo una relación íntima”.

Así como está regido en el Código Civil, la ley 26388 modificó el Código Penal con la introducción a las nuevas tecnologías como medios de violación de la intimidad de las personas así como la ley de castiga el “ciberacoso”. Pero el uso de las redes sociales para cometer delitos se extiende a otras modalidades.

Un proyecto de ley de las senadoras nacionales Riofrio, Mirkin y Durango busca incorporar al mencionado código el “artículo 155 Bis”. La propuesta estipula penas de prisión de entre seis meses y cuatro años “para el que hallándose en posesión de imágenes de desnudez total o parcial y/o videos de contenido sexual o erótico de una o más personas, las hiciere pública o difundiere por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones, o cualquier otro medio o tecnología de transmisión de datos”. Llamado en la calle “porno venganza”. S2119-16PL (1)

Esta difusión, revelación o transferencia de esas imágenes o grabaciones audiovisuales a terceros puede realizarse de diferentes maneras. En general, se realizan a través de los foros de internet, mediante los celulares, mail, Snapchat, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, etc. y similares. El universo 3.0 va más rápido que la legislación que los regula.

La normativa no sólo aplicaría para el ámbito digital y además explica que la persona condenada será obligada a arbitrar los mecanismos necesarios “para retirar de circulación, bloquear, eliminar o suprimir el material pornográfico difundido”.

Mary Anne Franks, abogada vicepresidenta de la Iniciativa para los Derechos Civiles Cibernéticos en Estados Unidos, que lucha contra el “revenge porn” (porno venganza) informa que en su país hay 3 mil sitios web que publican este tipo de material íntimo así como su distribución sin consentimiento por canales digitales como redes sociales, blogs, correos electrónicos y mensajes de texto. Y en su entidad, recibe un promedio de entre 20-30 víctimas mensuales. Un delito que trasciende fronteras como lo hace Internet.

“Porno venganza” en otros países

En Europa, precisamente en España en el 2014, se realizó una reforma del Código Penal donde será “castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o cualquier otro lugar fuera de la mirada de terceros”.

En los Estados Unidos, en septiembre de 2013, el estado de California promovió una legislación para ampliar la “responsabilidad penal” a quienes “divulguen imágenes íntimas de otra persona con ánimo de causarle angustia emocional grave, a pesar de que, previamente, se hubiera acordado mantenerlas en privado”.

Mientas que en el otro extremo del plantea, el Parlamento japonés aprobó una ley que penaliza con penas de prisión y multas económicas a los autores de este tipo de delito así como le imponen “penas de prisión de hasta tres años y multas de hasta 500.000 yenes (4.268 dólares) para aquellos que distribuyan estos contenidos”.