Estado presente en la reinserción de los liberados

Planteada como una de las bases del programa Justicia 2020, la reforma penitenciaria pone el foco en la resocialización de los detenidos con planes concretos de asistencia y guía para la reinserción.

Justamente, Juan Bautista Mahiques, subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, explica que “el compromiso es de contribuir a mejorar el sistema penitenciario actual, y sentar las bases de su reforma integral”.

En ese orden, la Dirección Nacional de Readaptación Social (DNRS), a cargo de Matías Hugo De Sanctis, está dando un gran impulso al Programa de Inclusión Social del Liberado y su Familia. Su director cuenta que un “equipo de profesionales toma contacto con los detenidos que voluntariamente aceptan ser asistidos seis meses antes de agotar sus condenas, para comenzar con un trabajo que prosigue luego en libertad”.

El abordaje es multidisciplinario e, incluso, se interactúa con profesionales de los ministerios de Salud, Trabajo y Desarrollo Social. Se lo divide en tres ejes: Atención en las cárceles, dispositivo de Atención Inmediata y Seguimiento y Abordaje Territorial.

Claramente, la decisión es utilizar las herramientas al alcance para socializar, mientras se apunta a un cambio más profundo y complejo. En pocos meses ingresaron a ese esquema alrededor de 300 personas, mientras que quienes cumplen arresto domiciliario y cuentan con tobillera electrónica pasaron a ser 90, lejos de los 35 de diciembre de 2015. Tobillera

En palabras de Mahiques: “El desafío es dar el salto cualitativo hacia el paradigma de humanización de las cárceles. Iniciamos mecanismos de diálogo y concertación, como la ‘Mesa de Trabajo de estudio y revisión para la reforma del Servicio Penitenciario Federal’, que incluye a organismos de los tres poderes del Estado, de la comunidad académica y de la sociedad civil, con vistas de construir los cimientos del nuevo modelo carcelario”.

La situación reconoce problemas que son de larga data, tal como lo explica el subsecretario, quien recuerda que “la ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal fue sancionada en 1973 por un Gobierno de facto y es subsidiaria de una estructura militarizada que responde a la lógica de seguridad, por sobre la de integración social de las personas privadas de su libertad. Reformar esta ley es una deuda pendiente de la democracia y del Estado de Derecho”.

Por eso, el plan es transitar en la coyuntura, sin perder la mirada de largo alcance. “Mientras avanzamos en este proceso, el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica se inscribe como una iniciativa tendiente a contribuir a mitigar el impacto negativo de la privación de la libertad y promover una mayor integración de las personas con su núcleo familiar y la comunidad”.

Las estrategias que se elaboran son individualizadas y en ellas participan trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, abogados y sociólogos.

De la experiencia acumulada, De Sanctis expone que “es muy importante ir preparando la salida en los últimos seis meses de encierro y acompañar el egreso, porque en el primer tiempo se da la mayor tasa de reincidencia”.

En la misma dirección, el dispositivo de Abordaje Territorial acerca la Atención Inmediata y Seguimiento a zonas socialmente vulnerables, mediante la participación en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Ahí opera una articulación con diferentes instituciones barriales: organizaciones de la sociedad civil, hogares, centros sanitarios. Para lograr la inserción efectiva del liberado se apunta a cuatro tópicos: el trabajo, la educación, la habitación y la salud.

Finalmente, en la DNRS propician establecer convenios con diversos patronatos de liberados en todo el país para extender tanto los planes como el uso de la tobillera electrónica.