Régimen penal juvenil, una cuenta pendiente a saldar

Régimen penal juvenil

Con una normativa de 1980, la renovación en la materia se impone para alcanzar los estándares internacionales. El respeto a los derechos y garantías consagrados en otras leyes representan el horizonte al que apuntar.

Argentina es el país que más condenas recibió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los últimos diez años por violaciones a los derechos de la infancia, por los casos de los jóvenes Walter Bulacio, César Mendoza y Ricardo Videla Fernández, entre otros.

El organismo cuestionó porque en algunos casos recibieron penas a cadena perpetua e instó a tener un sistema de responsabilidad penal juvenil como lo dispone la Convención de los Derechos del Niño. Actualmente, rige el Régimen Penal de la Minoridad, establecido por un decreto, el nº 22.278 de 1980, que tiene la firma de Jorge Rafael Videla.

Justamente, el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Casares, señaló que “Argentina tiene aún pendiente la aprobación de una nueva ley penal juvenil plenamente respetuosa de los derechos y garantías y acorde a los estándares internacionales”.

En tanto, explicó que “el decreto ley 22.278 de la dictadura, de corte inquisitivo, no existe solo en el universo normativo argentino. Por encima de esa y cualquier otra ley está la Constitución Nacional, con todos los tratados internacionales de Derechos Humanos incorporados por el artículo 75 inciso 22, como es el caso de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, así como la  sanción de la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”.

En igual sentido, Deborah Dobniewski, abogada especialista en justicia penal juvenil y asesora de la Subsecretaría, manifestó que “la justicia penal juvenil debe ser especializada” y detalló algunas de sus características tales como que los órganos judiciales se encuentren capacitados cuando los delitos son cometidos por adolescentes, que los procedimientos se adapten a sus necesidades y que las autoridades de los establecimientos de ejecución de las penas sean diferenciados de los destinados a la población de mayores de 18 años.

Casares, además, planteó que las “sanciones penales y las medidas alternativas al proceso penal sean diferentes de las del régimen general, y fundamentalmente, que la privación de libertad sea la excepcionalidad y por el menor tiempo posible, puesto que un régimen penal juvenil debe tener una finalidad educativa y de inserción social, propiciando que el adolescente repare el daño causado a la víctima, realice actividades comunitarias o se capacite cultural y profesionalmente”.