¿Qué dicen los datos sobre los jóvenes en conflicto con la ley?

En el marco del debate sobre la creación de un Régimen Penal Juvenil, surgen algunas cifras para discutir el rol que cumplirá este sistema que, además, ponen en escena el marco de vulnerabilidad social a la que están sometidos muchos menores.

Uno de los objetivos en la gestión de Germán Garavano al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación es revalorizar la recolección de datos e información en general para generar políticas públicas. Por eso, ante el surgimiento de nuevos debates, proyectos de ley y propuestas normativas, el respaldo informativo aparece como un paso ineludible.

Justamente, las cifras, encuestas y otros elementos que apuntan en este sentido tienen su lugar en el marco del debate por la creación de un Régimen Penal Juvenil. La cartera dirigida por Garavano convocó esta semana a una reunión con especialistas, organizaciones no gubernamentales y legisladores para poder avanzar. Con la discusión abierta, los datos comenzarán a cumplir su rol para definir qué forma tendrá la iniciativa.

Las bases de datos que ya están bajo estudio y de las que hicieron uso a nivel ministerial son varias: datos de poderes judiciales de muchas provincias, de procuraciones generales, ministerios públicos fiscales; el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y el Sistema de Alerta Temprana por Provincias (SAT).

También, como parte de la información recogida de forma más sistemática y recogida para una investigación, otra de las fuentes fue el estudio “Vulnerabilidad social, adicciones y prácticas delictivas”, elaborado por la Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal.

De este informe se desprenden muchos datos que dan cuenta del contexto en el que se encuentran muchos menores en conflicto con la Ley Penal. En este estudio también se muestran las múltiples situaciones de vulnerabilidad a las que los jóvenes son expuestos. Para este trabajo, se realizaron, entre 2014 y 2016, 1900 encuestas a chicos y chicas en tratamiento por adicciones en 78 centros pertenecientes a la Federación de ONG para la Prevención de Adicciones (FONGA).

De la información recolectada se extrajo que el 45% de los encuestados precisó que había problemas de alcoholismo en su hogar; a su vez, el 33% destacó que también había problemas de consumo de drogas, independientemente del que tenía el propio encuestado.

Los números en torno a las situaciones de vulnerabilidad se vuelven, luego, más elocuentes: el 61% aseguró haber recibido castigos físicos durante su infancia, y dentro de ese porcentaje, seis de cada diez encuestados afirmaron haber quedado “lastimados” después del castigo; al mismo tiempo, de todo el universo de estudio, el 51% refirió que había armas en su hogar.

De las personas de hasta 18 años de edad que fueron encuestadas y tenían problemas con consumo de drogas, el 60% sufrió violencia de parte de sus padres y en el 50% de sus hogares había armas; adentrándose en este último porcentaje, los investigadores averiguaron que en el 80% de los casos en los que estos jóvenes cometieron un delito utilizaron esas armas que había en su hogar.