Las reformas necesarias para poder proteger las obras de autor

Dirección Nacional de Derecho de Autor

Argentina necesita replantear parte de su normativa para beneficiar que los creadores que registran sus obras no se vean perjudicados por el circuito digital. Cómo congeniar la protección de derechos con la formación de riqueza en esa industria.

Los amantes de la obra intelectual celebran el 26 de abril de cada año una nueva oportunidad para concientizar a creadores y usuarios que la registración de temas musicales, narraciones, software, publicaciones periódicas, películas o cualquier otra forma de expresión es unas de las claves para la perdurabilidad no sólo de la obra en sí sino también de los promotores culturales.

Con ese proceso, los autores ganan derechos que les permiten sostenerse a sí mismo y a la industria. En Argentina, el debate impulsa una serie de cambios en sus procesos de legalización para adaptarse a las normas internacionales pero también a los nuevos desafíos que impone el uso digital de las obras.

El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, promueve una acción gradual a través de un plan estratégico de tres años, que culminará en 2019, según las previsiones oficiales. Sus puntos constituyentes se sustancias sobre cinco reformas, con la digitalización de cada etapa registral como primera meta. Sencillez y menor inversión de recursos son sus puntos fuertes.

El segundo eje es la modernización de las leyes locales con aportes provenientes de otras partes del globo. Especialmente, el país mira a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), entidad administrativa a los que las naciones se asocian para compartir sus tratados internacionales en materia de derechos de autor y sus conexos. Algunas de las adaptaciones que llevará a cabo el sistema argentino son la aplicación de un nuevo sistema de limitaciones y excepciones, modificaciones en el régimen sancionatorio y la validación de la registración en línea.

Para reducir la litigiosidad, también hay en vistas circuitos alternativos de conciliación y arbitraje -que permitan solucionar los conflictos y proteger mejor a los autores, capacitación y difusión en derechos de autor y conexos desde la educación primaria hasta la universidad, y mejoras en la fiscalización estatal de la gestión colectiva de derechos. En este punto, además de crear nuevas entidades, se debe consolidar a las existentes, en beneficio de autores y usuarios.

Una industria pujante

El impacto económico de la industria del derecho de autor no es menor: Alcanza cerca del 6 por ciento del PBI, según las estimaciones de la DNDA. Los realizadores argentinos pueden generar actividad económica con creación de empleo y exportación de servicios que beneficien al país. Así, una de las ambiciones es brindarles seguridad jurídica y facilidades para la negociación con otros sectores, por ejemplo, para que puedan gestionar mejor la explotación de sus obras en el entorno digital globalizado.

La propiedad intelectual es un sistema global de protección del conocimiento relativamente sofisticado, por eso la ley debe ser fácil de ser cumplida y respetada.

Y los creativos deben saber cómo desenvolverse, tanto por saberse sujetos con derechos sobre lo registrado como beneficiarios reales de su rédito: no se trata de subsistir ‘pese a Internet’ sino de financiarse, también, a través de él.

Aquí el ojo está puesto en las grandes plataformas gratuitas, que obtienen sus ganancias de la publicidad con obligación de destinar casi anda o poco a los artistas. Un actor argentino difícilmente logrará obtener algún beneficio de la reproducción de un contenido en el que participó, pero esto no es así en todas partes. Y es así no por la prohibición de circulación sino por el fomento de la monetización de esas nuevas plataformas.

El desafío es acceder a algún tipo de ingreso por esa distribución, para lo que el camino es privilegiar a sitios legales desincentivando los ilícitos. Otra pata de la estrategia es la promoción estatal (a través de las distintas carteras vinculadas a la cultura) de la creación nacional: el derecho de autor actuará como ‘tejido conectivo’ de las esas bondades intraministeriales.

Creación singular, gestión colectiva

La gestión colectiva de derechos es un sistema consolidado a nivel mundial y con tradición en Argentina, cristalizada en instituciones como Argentores (para los actores) o SADAIC (músicos). Sin embargo, no siempre se comprende su rol y existen conflictos en su funcionamiento

Técnicamente, se trata de sociedades de gestión colectiva (SGC), y hay una por cada tipo de derecho y conjunto de titulares. Algunas de ellas tienen mandato legal, que a su vez les otorga un monopolio de gestión, el cual no es contrario a la legislación de defensa de la competencia en razón de que su funcionamiento redunda en eficiencia y en beneficio de intereses públicos y privados.

El Estado ejercita un interés público para que la gestión de estas entidades sea legal y razonable. Pero no existe un sistema homogéneo de fiscalización estatal -como sí ocurre en otros estados- y eso repercute en distintos conflictos.

En primer lugar, entre los mismos autores, ya que están en discusión los sistemas de acceso a la gestión de la entidad, la democracia interna, la renovación en los cargos, la transparencia en la información y la equidad en la distribución.

Discrepancias más directas se dan, por ejemplo, en la fijación de las tarifas y los sistemas de recaudación, así como en la igualdad de trato entre los derechos nacionales y extranjeros, porque esa es la base para que se respeten los derechos de los argentinos más allá de las fronteras.

Finalmente, sobre la base del prestigio de estas entidades y su actuación, se podrá construir un sistema de recaudación equitativo por los nuevos usos digitales de las obras. En todos estos conflictos el Estado debe colaborar brindando soluciones de armonización de intereses.