La reforma integral de la Justicia en pocas palabras

El ministro de Justicia, Germán Garavano, presentó tres proyectos de ley que promueven profundos cambios. En qué modifican la vida cotidiana del ciudadano. Lo explica el subsecretario de Políticas Criminales, Martín Casares.

Procesos más rápidos, nuevas herramientas para la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, ampliación de la cantidad de tribunales orales y modificaciones en las atribuciones de los fiscales son algunas de las propuestas que el Ministerio de Justicia se propone lograr en 2016. Se trata de un paquete de normas que reformará profundamente el quehacer de los tribunales, pero ¿cómo repercutirá en el día a día de los ciudadanos?

En primer término, el subsecretario de Políticas Criminales de la Nación, Martín Casares, explicó que se busca pasar de un paradigma de investigación ‘inquisitorio’ a uno ‘acusatorio’, en el que los miembros del Ministerio Público Fiscal (MPF, es decir, fiscales) tendrán mayor participación y responsabilidades, liberando a los jueces para que se concentren en las sentencias.

La segunda propuesta busca completar un procedimiento que, con la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedó incompleto: los fueros correccional y de instrucción deben ser unificados para que la carga de trabajo, que fue reducida por el traspaso de competencias, sea mejor distribuida. En el mismo sentido, es decir, agilizar la Justicia, se propuse crear más tribunales orales para que las causas se estanquen menos por la burocracia del manejo del papel.

Modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público

Este proyecto busca modificar las competencias dentro del órgano que nuclea a los fiscales de la Justicia nacional y federal. “La ley vigente concentra mucho poder en la figura del procurador general de la Nación (la jefa de los fiscales, puesto que recae hoy en Alejandra Gils Carbó). Como estamos yendo hacia un sistema penal acusatorio, donde los fiscales tendrán muchas facultades en su función, nos parece interesante que haya un freno y un contrapeso”, asegura.

En la actualidad, la Justicia utiliza un sistema inquisitorio. Esto significa que hay jueces que en el marco de un proceso, además de tomar decisiones, se encargan de investigar. En el sistema acusatorio esta tarea se lleva adelante a través de las fiscalías, que, en palabras de Casares, “acusarán e investigarán, dejando las decisiones en cabeza del juez. Los integrantes del MPF concentrarán un gran poder y por eso es necesario un control, tanto jurisdiccional como interno en la administración de estos recursos”.

Otro de los planteos que se realiza en la propuesta son concursos públicos, orales y grabados en formato de video para su posterior publicidad.

En la actualidad son escritos y la injerencia de la figura del procurador es importante: Es presidente del jurado, toma decisiones respecto de sus integrantes y de los concursos. Al mismo tiempo, se busca que no exista un uso discrecional de la potestad de nombrar y remover fiscales de parte del procurador.

“No queremos que se persiga a un fiscal por investigar. Si el funcionario investigó de más, se podrá buscar una solución de competencia, pero no nos parece bien que se apunte en contra de la investigación”, refirió el subsecretario.

También habrá algunos cambios para que las decisiones de líneas de investigación sean discutidas a través de más de un órgano: Se creará, si se aprueba el proyecto, la figura del subprocurador, y se designarán uno especializado en derecho público, otro en privado, un tercero en delito organizado, y un cuarto en derecho penal.

Los cargos tendrán una duración de cuatro años y deberán contar con el aval del Senado. Serán propuestos por el Poder Ejecutivo y se busca que sean fiscales de carrera, aunque no se excluye la posibilidad de que se trate de juristas que cumplan con los mismos requisitos para ser procuradores.

Finalmente, se creará un Consejo General del Ministerio Público, que estará integrado por el procurador general, los subprocuradores, fiscales generales y fiscales de primera instancia. Estos dos últimos escalafones serán ocupados por profesionales con más de diez años de experiencia en el campo.

Unificación de los fueros

Con respecto a esta iniciativa, Casares detalla que “en Capital Federal funcionan dos fueros: el criminal de instrucción, que investiga delitos que contemplan penas de más de tres años de prisión, y el correccional para las de menos de ese monto. El primero está compuesto por 49 juzgados y el segundo por 14. Cuando se aprobó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires se creó el fuero penal y contravencional de faltas, a donde se fueron pasando delitos investigados por los juzgados mencionados”.

Entonces, desde el Ejecutivo se  plantea que los fueros correccional y de instrucción deben ser unificados para que la carga de trabajo, que fue reducida por el traspaso de competencias, sea mejor distribuida.

Porque, además, hay otro proyecto para trasladar más competencias correccionales a la Capital Federal, por lo que bajaría aún más el caudal de trabajo; y otro para “federalizar” diez juzgados de instrucción que se dedicarían a investigar, exclusivamente, delitos de crimen organizado y narcotráfico.

La expresión “federalizar” refiere a que el narcotráfico y el crimen organizado son crímenes que investiga la Justicia federal. “Entonces van a quedar 39 juzgados de instrucción”, observa Casares.

Creación de tribunales

Los tribunales orales son la instancia en la que un órgano de tres jueces se encarga de estudiar las pruebas reunidas durante la investigación de un caso y determinar si los acusados son culpables o no.

La idea de crear más tribunales surge de la “necesidad de agilizar las causas que tramitan ante estos espacios”, alega Casares. En especial, porque se identificaron muchas causas de lesa humanidad que se encuentran paralizadas en este sentido. Y al mismo tiempo, se quiere acelerar los procesos por defraudación a la administración pública, es decir, de estafas contra el Estado.

En el proyecto, se especifica que en los datos brindados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en torno al año 2013, los tribunales orales recibieron 2052, de las cuales solo resolvieron 903 o “salieron de la órbita de los tribunales orales en lo criminal federal de la Capital Federal.