La comisión redactora de la reforma discutió, en su última reunión del año pasado, la incorporación de penas pecuniarias, en forma de multas. También se propuso incorporar penas de ejecución comunitaria, como una opción a la privación de la libertad.

A menudo escuchamos noticias sobre empresas que son multadas por mal servicio, productos defectuosos o accidentes. En esos casos, se les aplica “daño punitivo”, una indemnización a favor de los consumidores. Pero esto sucede en el ámbito del fuero Civil. Ahora la comisión redactora del anteproyecto de reforma del Código Penal llevó la discusión sobre penas pecuniarias al ámbito de ese otro fuero.

En la última reunión de 2017, los integrantes de ese órgano interpoderes –hay representates de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo- decidieron incorporar la posibilidad de que se apliquen penas accesorias. Es decir, penas complementarias en forma de multa.

Las multas se establecerán por días que corresponderán al 10% del monto que esté en discusión, y están contempladas para casos de corrupción o contrabando, y en todas las causas que involucran cuestiones patrimoniales. De este modo, y para que la persona que lleva adelante el reclamo no pierda dinero con el transcurso del proceso, se podrán aplicar de uno hasta 200 días de multa. Cuando el monto reclamado sea muy alto, el juez también podrá hacer que la multa sea del 20% del beneficio obtenido de forma ilegal.

Penas de ejecución comunitaria

Al mismo tiempo, y como otra novedad, en el encuentro se previó incorporar penas de ejecución comunitaria como alternativa al encierro. Se podrán aplicar cuando las condenas sean menores a tres años de prisión, y para incorporarlas se tomó de referencia la aplicación en países en los que funcionaron muy bien.

La lógica es sencilla: los delitos que contemplan penas de menos de tres años suelen ser menores, y los ámbitos de encierro y la privación de la libertad son dos elementos que no contribuyen de buena forma a la resocialización pretendida por la Justicia penal.

Pero, además, este tipo de penas tiene otra ventaja: aumenta la cantidad de formas de condenar a una persona sin que esto implique algo negativo –las tareas comunitarias pueden ser de lo más variadas y pueden estar relacionadas con el problema que llevó al condenado ante la Justicia-, de modo que ya no habrá “ejecuciones condicionales”; esto significa que las penas deberán cumplirse en más casos.

Estas penas serán el arresto domiciliario con tobillera, el trabajo comunitario en espacios que el juez considere los mejores para el condenado y el monitoreo de estas tareas. Para estos fines, también se creará un organismo que se encargará de controlar la ejecución de la pena y de asistir a las personas que realicen estas actividades por la orden del magistrado.