Reclamo por la designación del Defensor del Pueblo

Son 55 organizaciones que mandaron una nota a la Comisión Bicameral encargada de la designación. Hace siete años que la Defensoría del Pueblo de la Nación está vacante. Un fallo exhortó al Congreso a cubrir el cargo.

Más de medio centenar de organizaciones presentó una nota a los miembros de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación. En la carta se deja en claro la “preocupación por la falta de designación del Defensor del Pueblo desde hace más de siete años” y se solicita que se implemente un procedimiento participativo que garantice que quien resulte electo “reúna las condiciones de idoneidad técnica y moral, independencia de criterio y trayectoria en la defensa de los derechos humanos”.

El Defensor del Pueblo es una figura creada en 1993 a través de la Ley 24.284, e incorporada a la Constitución en la reforma de 1994. El cargo tiene a su cargo la defensa de los derechos constitucionales de los habitantes frente a actos u omisiones del Estado y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Su nombramiento se encuentra a cargo del Congreso.

“Desde hace años, las organizaciones de la sociedad civil venimos solicitando al Congreso la designación del Defensor del Pueblo, conforme lo ordena el artículo 86 de la Constitución. Ante la ausencia de respuestas, llevamos el reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, señalaron desde Amnistía. La CIDH y la ONU instaron al Estado argentino a que designara a alguien pronto. El último defensor fue Eduardo Mondino, que estuvo una década en el cargo: de 1999 a 2009. Desde 2013 tampoco hay defensores adjuntos.

Una acción de amparo

Ante la prolongada vacante del cargo, el año pasado varias de las organizaciones iniciaron una acción de amparo contra ambas cámaras del Congreso para que cumplan con su obligación constitucional de nombrar al Defensor del Pueblo. La semana pasada la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal les dio la razón y exhortó a diputados y senadores a que cubran el cargo. La decisión judicial lleva la firma de los jueces Jorge Esteban Argento, Sergio Gustavo Fernández y Carlos Manuel Grecco.

“El Poder Judicial reconoció que el Congreso actuó en forma contraria a la Constitución al haber omitido designar a su titular durante todos estos años. Esa ‘omisión inconstitucional’ tiene efectos concretos y graves sobre la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, y la posibilidad de defender a sus habitantes ante sus posibles violaciones”, informó la ADC.

Al fallo se suma que la Corte Suprema de Justicia manifestó en el reciente caso sobre tarifas de servicios públicos que “no puede dejar de señalarse que el cargo de Defensor del Pueblo como órgano específicamente legitimado en la tutela de los derechos de incidencia colectiva se encuentra vacante, circunstancia que repercute negativamente en el acceso a la justicia de un número indeterminado de usuarios”.

Por último, las organizaciones alertaron que una designación que “no reúna requisitos fundamentales” podría redundar en un “desprestigio y pérdida de potencialidad de la entidad”. Por eso remarcaron que quien resulte candidato “debe reunir altos estándares de idoneidad técnica y moral, de independencia de criterio, perspectiva de género, y probada proactividad y trayectoria en la defensa de los derechos humanos”.

Entre las firmantes se encuentran el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Amnistía Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Greenpeace, Pensamiento Penal y  Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).