Quién defiende a las personas sin recursos para afrontar un juicio

A nivel nacional, los defensores oficiales brindan asesoramiento jurídico y patrocinio gratuito en una amplia gama de cuestiones de la vida de los ciudadanos que no tienen recursos para invertir en un abogado.

Su función es la de proveer una asistencia que favorezca el acceso a la justicia de las familias carentes de recursos. Es una defensa “pública y gratuita” a través de un “mecanismo judicial para ciudadanos que no llegan a cubrir el salario mínimo, vital y móvil”, explican los propios defensores.

Los funcionarios, que tienen rango de magistrado, se ocupan de asuntos penales o no, es decir, que tienen que ver con cuestiones civiles y de familia, patrimoniales y comerciales, de trabajo y seguridad social.

Para evitar abusos posibles, se involucran siempre y cuando se “justifique” la limitación para afrontar los gastos del proceso.

En materia de familia, suelen acudir a ellos por procesos vinculados con alimentos, divorcios, tenencias, regímenes de visitas, guardas y adopciones de niños, así como daños y perjuicios específicos. Mientras que el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, que los agrupa, también se encarga de la representación ante conflictos en las relaciones de consumo.

Hay especializaciones, a nivel nacional, como las Defensorías Públicas de Menores e Incapaces en lo Civil, Comercial y del Trabajo nacional, que asesora a niñas, niños y adolescentes sobre su “capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardas”. Son quienes buscan resguardar sus derechos y los de su familia.

Tienen jurisdicciones a lo largo del país. Son 16 distribuidos de norte a sur: Capital Federal, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, General Roca, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Paraná, Posadas, Resistencia, Rosario, Salta, San Martín y Tucumán.

Asistencia especializada

En territorio bonaerense, se utiliza más el nombre de antaño de “defensores de pobres y ausentes” pero también existen los “tutores”, y los “curadores”. Hay 19 departamentos judiciales: cada uno cuenta con su fiscal general, su defensor y 14 curadores.

En este sentido, en las especializaciones que existen en la provincia, hay funcionarios que realizan la tarea de asesorar a familias que poseen integrantes con problemas de salud mental, adicciones y violencia familiar.

Por ejemplo, en los casos de salud mental, el “abogado del Estado” asesora a la familia de un chico con síndrome de down, trastorno generalizado del desarrollo o con retraso madurativo. Todos los casos se tratan con carácter de urgencia y hay una conexión directa entre el trabajo del sistema de salud y el de justicia.

El defensor es que el dictamina ante el juzgado si se requiere o no la internación de un asistido y puede hasta tomar “medidas precautorias” de “internación obligatoria” para resguardo del paciente y quienes lo rodean.

Se rigen por la ley nacional 26657 de salud mental que entró en vigencia en 2010 y fue incorporada al nuevo Código Civil y Comercial. Intervienen cuando es necesaria una internación por un brote del “asistido” o el consumo indebido de sustancias.

Si requirió una internación, su función conlleva la obligación de concurrir mientras el paciente esté internado para que “sea respetado como persona” y “lo pase lo mejor posible y el menor tiempo internado”. Por esto, se trata de una función que demanda visitas frecuentes a los institutos.

En promedio, hoy se cursan alrededor de 4 mil casos de estos en el departamento de Lomas de Zamora.