Proyectos para garantizar gratuidad en quejas de consumidores

Dos proyectos de ley, orientados a defender los derechos de usuarios y consumidores en lo relativo a las vías de reclamo que éstos tienen frente a las empresas y proveedores de servicios, fueron presentados para su tratamiento en el Senado de la Nación.

Ambas propuestas son impulsadas por la senadora jujeña Silvia Giacoppo y se focalizan en la gratuidad del envío de telegrama y carta documento, así como el carácter sin costo de los reclamos judiciales de los consumidores.

El objetivo de los proyectos es garantizar a los usuarios la protección de sus derechos frente a las empresas, ofreciéndoles herramientas que les permitan efectuar sus quejas o judicializar sus demandas sin tener que asumir gastos.

Uno de los proyectos presentados impulsa la disponibilidad de un servicio de telegrama y carta documento en toda la Argentina que resulte totalmente gratuito para el remitente.

En el articulado de la propuesta se establece que serán beneficiarios de este recurso el usuario y consumidor, para cualquier comunicación vinculada a una relación de consumo dirigida a un proveedor, definido éste según lo estipulado en los términos del artículo 2º de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Asimismo, la gratuidad también será reconocida a las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas como personas jurídicas.

En el artículo 3º se establece que la oficina de correo desde la cual se despachen los documentos los recibirá y expedirá sin dilación -aun en caso de que se presenten dudas sobre la condición invocada por el remitente o sobre el carácter del texto a enviar- ya sea que se trate tanto de correos oficiales como de privados. Los gastos derivados por esa comunicación recaerán -mediante el sistema sin previo pago- en la cuenta  de la Subsecretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Producción de la Nación.

Entre los fundamentos ofrecidos, la legisladora expuso que “el elevado precio de las cartas documentos en los correos desalienta a muchos usuarios y consumidores a efectuar el reclamo por sus derechos”, quedando de esta manera en situación de indefensión ante eventuales abusos que puedan sufrir. Por lo mismo, señaló que es necesario resguardar las necesidades y los derechos de los consumidores a fin de lograr que sus reclamos resulten vehiculizados a través de una notificación por telegrama o carta documento al proveedor de bienes y servicios, para intimarlo al cumplimiento de la obligación que haya sido pactada.

El texto del proyecto señala que el Estado tiene el imperativo constitucional de brindarle al más débil de la relación de consumo todos los instrumentos posibles para garantizar el efectivo cumplimiento de sus derechos. En efecto, el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”.

El segundo proyecto, de autoría de la misma legisladora, aboga por la modificación del artículo 53 de la Ley Nº 24.240. De esta forma, se instituye que  las actuaciones judiciales que se inicien en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita, lo cual abarca la tasa judicial, sellados de actuación y costas y costos judiciales que por cualquier concepto puedan generarse a lo largo del proceso.

En los fundamentos, Giacoppo observa que con la ley 26.361 se produjo la incorporación del “beneficio de la justicia gratuita” en la ley de Defensa del Consumidor, y que ésta atañía a acciones individuales de consumo y acciones de incidencia colectivas, respectivamente previstas en los artículos 53 y  55 de la normativa.

El concepto del “beneficio de gratuidad” proyectaba sus efectos sobre los juicios que tramitaran ante la justicia federal, nacional, y provincial,  a excepción de la tasa de justicia, en aquellas jurisdicciones provinciales que así lo dispusieran.

La jurisprudencia posterior a la sanción de la ley fijó la interpretación de que el beneficio de justicia gratuita, en el orden nacional y para la justicia federal, se identificara con el del beneficio de litigar sin gastos, y que en las distintas provincias, debiera someterse a lo que allí se estableciera respecto a la tasa judicial, pero no respecto de las costas.

Por lo tanto, la situación de los usuarios y consumidores en lo que se refiere a la gratuidad queda en manos de la interpretación del tribunal de justicia que les corresponda por sorteo, lo cual, señaló la senadora en los fundamentos del proyecto, “genera una inseguridad jurídica (…) contraria a los derechos contemplados por los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional”.

De esta forma, el proyecto, además de definir expresamente los alcances del concepto de justicia gratuita invita a las provincias a adherir a la gratuidad de la tasa de justicia.