La tecnología como recurso válido en diversas decisiones

Las herramientas tecnológicas avanzan a paso lento en la Justicia argentina mientras se proponen nuevas marcos legislativos para actualizar la ley de delitos informáticos  o modificar los códigos procesales para introducir la evidencia digital.

Mientras se debate la utilización de la evidencia on line, la Justicia la utiliza de hecho para resolver expedientes. Varios casos ya se perfilan como testigo en la materia y representan un avance hacia el cambio cultural.

Así lo explicó el especialista Marcos Salt, coordinador del Programa Nacional contra la Criminalidad Informática del Ministerio de Justicia de la Nación.: “Hoy, para interceptar datos de tráfico de comunicaciones en línea estamos usando la norma de interceptación de llamadas telefónicas como analogía. La idea es trabajar en conjunto los ciberdelitos como nuevo fenómeno de comisión de delitos con el uso de la evidencia digital como nueva prueba para la investigación y que pueda ser utilizada efectivamente por el Estado”.

En sí, los juzgados lo vienen utilizando como analogía porque las nuevas tecnologías se entrometieron de lleno en la vida del ciudadano así como en los conflictos entre ellos. En Córdoba, el fiscal Raúl Garzón dio con el sospechoso de un crimen en una obra en construcción por un mensaje de Whatsapp. “Todo bien por acá. Estoy tomando algo con el Silvio”, fue el texto enviado por el sereno Cristian Olivera a su mujer previo a ser asesinado a golpes en el barrio General Paz de la ciudad de Córdoba.

Los investigadores de la causa dieron con el agresor porque la mujer de la víctima entregó a la Justicia el mensaje que había recibido de su marido la noche de su muerte donde afirmaba que estaba con “Silvio”. El fiscal allanó el domicilio y encontró ropas ensangrentadas y algunas pertenencias de la persona muerta. Terminó por confesar el crimen que fue resuelto por una prueba digital.

Hay otro antecedente en San Juan el año pasado pero en el sentido opuesto. El juez de Faltas provincial, Ricardo Grossi Colombo, condenó a una mujer que acusó falsamente a un albañil de ser un secuestrador de menores a través de la viralización de una foto de él  por Whatsapp y Facebook.  La foto mostraba a un padre que estaba esperando a su hija a la salida del colegio. La mujer la compartió en su redes con el mensaje: “Compartan, este es uno de los tipos que secuestran”.

En su posterior declaración ante el Juzgado, la señora explicó que actuó “influida por un familiar directo que le remitió la foto a través del grupo Whatsapp, sumado a su condición de madre y ante la inseguridad que se vive”.  Mientras que el magistrado provincial detalló en su sentencia que la acción típica de la infracción por la que finalmente fue condenada “A.” ocasionó “un fastidio y perjudicó el normal desarrollo de la vida” del acusado. Y que “aún cuando su manifestación pueda no ser consciente de lo que podía ocurrir con su conducta (aunque luego de ver las molestias o perturbaciones haya borrado la publicación) ya lo había enviado, y ya estaba en la web. Su obrar fue negligente, culposo y por ello se configura la contravención”.

Como cierre, la mujer fue condenada a seis días de arresto, a pagar una multa y a cumplir trabajos comunitarios, por haber cometido una infracción al Código de Faltas local por “actos turbatorios y desórdenes”.

Por último, la Cámara Civil y Comercial Federal, en agosto de este año, ordenó a Google a que bloquee las URLs donde aparezcan videos de contenido pornográfico vinculados a la imagen de una modelo y que eran compartidos por redes sociales como Instagram, Twitter o el mencionado servicio de mensajería instantánea. Pese a que la causa sigue en litigio, los camaristas solicitaron al buscador que bloquee sólo los sitios web que “la persona afectada individualice” como dañinos a su imagen. Por su parte, Google argumentó que se le impuso “una obligación de monitoreo y bloqueo difusa y de imposible cumplimiento, la cual afecta el derecho de acceso a la información”.

En definitiva, como explicó Salt, es necesario “definir las normas en términos de eficiencia como de protección de garantías para la utilización de la evidencia digital en causas judiciales para ir hacia un sistema de Justicia eficiente y moderno”. Como por ejemplo,  el  aseguramiento de datos en sistemas informáticos o  la intercepción del tráfico datos on line.