Iniciativas para penar delitos de difusión de porno infantil

Qué dicen los proyectos en danza en línea con la prevención del delito de la posesión de material pornográfico de menores de edad y su difusión a través de medios electrónicos.

Todos los proyectos que buscan incluir artículos en el Código Penal de la Nación para sancionar la posesión de imágenes o videos pornográficos de menores de edad van en línea con brindarle nuevas herramientas al Poder Judicial para sancionar este accionar, que hoy no tiene una figura delictiva calificada.

En los fundamentos citan la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la ley 23.848 y la aprobación del “Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía”, adoptado por la ONU el 25 de mayo del 2000 en el marco de la ley 25.763, pero refrendado en 2003 por nuestro país.

El senador nacional radical, Julio Cobos, busca modificar el artículo 128 del código estableciendo como “delito” a la “tenencia de material pornográfico de menores” en concordancia con la reciente adhesión del país al Convenio de Ciberdelitos de Budapest.

Este convenio, refrendado recientemente en el Congreso, remarca en sus primeros artículos lo que refiere a “infracciones” relativas a la “pornografía infantil” sujeto a lo establecido en los códigos penales de cada país. El objetivo del convenio internacional al que adhirieron 54 países es “aplicar una política penal común para la lucha contra la ciberdelincuencia”. El convenio sobre ciberdelito, aprobado el 23 de noviembre de 2001, consta de 48 artículos, y es el único instrumento internacional vigente sobre delitos informáticos y evidencia digital.

La idea de este proyecto es incluir la “responsabilidad del adulto que consume o usa” este tipo de material” y que explicita que para se cumpla el tipo penal, la posesión del material debe tener como fin “la distribución o comercialización del mismo”.

Un proyecto similar de la legisladora Gabriela Burgos establece que las penas para la “simple tenencia sin necesidad que el fin sea la distribución” o venta que “incluya imágenes de menores”. Y estipula que la condena que debería tener este tipo de acciones va desde los cuatro meses a los dos años de prisión. Y penas de seis meses a cuatros años para quienes “produzcan, comercien, publiciten, faciliten o difundan” este tipo de imágenes, e igual sanción para quienes realicen “espectáculos pornográficos con la participación de” chicos menores de 18 años de edad.

“Pornovenganza”

En esa línea, el uso indebido de videos e imágenes íntimas también tiene su correlato en el Congreso con un proyecto de ley que tiene media sanción del Senado en noviembre del año pasado y tuvo dictamen en Diputados a fines de mayo.

La iniciativa de las senadoras Riofrio, Beatriz Mirkin y Norma Durango busca penalizar la publicación ilegitima de imágenes a modo de “venganza” a través de las redes sociales.  Se fundamenta que “la penalización de la publicación y/o difusión no autorizada de imágenes o videos de contenido sexual, un problema de dimensiones globales que merecía atención regulatoria ya que lesiona gravemente el derecho a la intimidad de las personas”. Y agrega el texto aprobado que espera ser ley, que “quienes reproducen estos contenidos, ya sea por represalia, resentimiento, extorsión o venganza gozan de completa impunidad”.

En este sentido, se quieren incorporar el artículo 155 bis al Capítulo III del Título V del Código Penal que  quedará redactado de la siguiente manera: “(…) Será reprimido con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, el que hallándose en posesión de imágenes de desnudez total o parcial y/o videos de contenido sexual o erótico de una o más personas, las hiciere pública o difundiere por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones, o cualquier otro medio o tecnología de transmisión de datos, sin el expreso consentimiento de la o de las mismas para tal fin, aun habiendo existido acuerdo entre las partes involucradas para la obtención o suministro de esas imágenes o video”.

Por último, dice el proyecto, la persona “condenada será obligada a arbitrar los mecanismos necesarios para retirar de circulación, bloquear, eliminar o suprimir, el material de que se tratare, a su costa y en un plazo a determinar por el juez”.