Avanza el proyecto sobre Responsabilidad Penal Empresaria

La propuesta elaborada desde el Poder Ejecutivo recibió dictamen en una de las comisiones de Diputados. La idea es poder condenar penalmente a personas jurídicas; es decir, empresas, asociaciones civiles o fundaciones en las que se cometan hechos de corrupción.

Una persona sí; una empresa, no. El Código Penal argentino no tiene contemplado, entre todos sus artículos, un tipo de delito que apunte contra empresas; solo personas físicas (es decir, personas particulares, cualquier ciudadano) son alcanzados por este cuerpo normativo. Por este motivo, el Poder Ejecutivo decidió avanzar en un proyecto de ley que modifique esta situación.

“Esta ley prevé la posibilidad de lograr acuerdos de colaboración con las empresas a cambio de información para poder identificar a las personas físicas que cometieron los delitos: tanto el funcionario que solicitó un soborno como la compañía que lo pagó”, explicó, en marzo de este año, Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), en orden a señalar algunos de los beneficios de la legislación que ella, junto a otros funcionarios, elaboró.

La propuesta llegó al Congreso y ya registró algunos avances: además de modificaciones que se realizaron a través del consenso, la iniciativa ya cuenta con un dictamen de la Comisión de Legislación Penal de la cámara baja, que es la instancia previa a la discusión ante todos los diputados.

Si bien se realizaron algunos señalamientos, el proyecto pudo avanzar y desde el frente Cambiemos apuestan a que el debate ante todos los diputados pueda terminar de saldar los puntos en discusión. Entre otras cosas, se aumentaron los montos de las multas para las personas jurídicas que hayan incurrido en algún hecho de corrupción.

La normativa, de ser aprobada, establecerá que se podrá, en el marco del proceso judicial, llegar a un acuerdo de “colaboración eficaz”: es decir, beneficios procesales a cambio de información sobre los hechos investigados. Estos acuerdos deberán ser homologados por más de un órgano estatal, de modo que se controlen entre varios actores para evitar un mal uso de la herramienta.

Las personas jurídicas, además, podrán ser sancionadas con multas que van entre el 0.5% y el 20% de los ingresos brutos anuales que haya percibido “en el último ejercicio anterior a la comisión del delito”. Este fue uno de los puntos en el que se establecieron modificaciones durante el debate entre las fuerzas políticas.

Al mismo tiempo, la responsabilidad penal empresaria puede transferirse en el caso de “transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier otra modificación societaria”, aunque podría quedar exenta a través de un acuerdo de colaboración eficaz.

Cuando se anunció el envío del proyecto al Congreso, en sintonía con el pedido que realizó el presidente Mauricio Macri acerca de la necesidad de legislación que vaya en este sentido, Laura Alonso recordó que Argentina firmó un acuerdo, hace 16 años, ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) comprometiéndose a implementar herramientas como la propuesta en este proyecto.

Algunos países como Brasil, Chile, Estados Unidos y España ya cuentan, en sus códigos penales respectivos, con este tipo Penal; al mismo tiempo, es a partir de esas normativas que se inspiró la iniciativa presentada en el Congreso nacional.