Proyecto de ley para condenar la corrupción trasnacional empresaria

Se analiza reformar el Código Penal para poder condenar por actos de corrupción a empresas y otras organizaciones. Brasil, Chile, Estados Unidos y España, que ya cuentan con esa figura penal, inspiran el texto de la Oficina Anticorrupción.

Contra los delitos que repercuten en la integridad de las instituciones del Estado, Argentina está en camino a adaptar su legislación. A la aprobación de la llamada Ley del Arrepentido y el proyecto sobre extinción de dominio, el Gobierno piensa adicionar una nueva herramienta, anunciada por el Presidente en la apertura del año legislativo y desarrollada por equipos técnicos de la Oficina Anticorrupción (AO): la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria.

Se trata de una norma que permitirá a la Justicia penar a las empresas (u otras personas jurídicas) que recurran a sobornos para beneficiarse con operaciones que incluyan fondos públicos. Aparte de la condena, el proyecto creará un marco normativo que fomentará la aplicación de protocolos y políticas específicas que desincentiven esas prácticas en el ámbito privado.

La ley subsanaría la situación actual que impide responsabilizar penalmente a empresas, fundaciones y asociaciones civiles (por ejemplo, a través de multas) por incurrir en delitos de corrupción. El sistema jurídico argentino hoy solo prevé que las personas físicas (uno o varios miembros de sus directorios) pueden ser halladas culpables y penadas.

“Esta ley prevé la posibilidad de lograr acuerdos de colaboración con las empresas a cambio de información para poder identificar a las personas físicas que cometieron los delitos: tanto el funcionario que solicitó un soborno como la compañía que lo pagó”, explicó la titular de la OA, Laura Alonso.

“Pedimos al Congreso de la Nación la aprobación del proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, mencionado por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la apertura del 135° período de sesiones ordinarias”, sostiene el comunicado oficial que se conoció ese mismo día, el 1 de marzo.

Esto permitirá la cooperación entre el sector público y el sector privado, y sancionar a las empresas -no sólo a las personas físicas- en casos de corrupción. El proyecto de ley fue elaborado por la OA y enviado a la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo en octubre de 2016.

Contra la corrupción trasnacional

Con esta propuesta de reforma, el país busca adaptarse al concierto mundial de países industrializados, que cuenta con leyes que tipifican los delitos de corrupción en la figura de las personas jurídicas. Estados Unidos, Francia, España, Chile, Brasil, Colombia y México
son algunos de los que se pusieron en sintonía, más tarde que temprano, sus legislaciones a los parámetros sugerido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la entidad multinacional que aúna a los países del G-20 (y otra quincena de naciones industrializadas), y a la que Argentina aspira ingresar.

En el país trasandino, por ejemplo, ley 20.393 (sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas) que fue sancionada en noviembre de 2009 y permite condenar no solo a los funcionarios implicados en sobornos, sino también a las empresas involucradas como organización. Particularmente, incluye una cláusula que permite la “disolución” de la personería jurídica de la organización, de comprobarse el delito.

En Brasil, la norma establece multas que pueden ascender hasta el 20 por ciento de los ingresos de las compañías, con un tope de 26,22 millones de dólares.

En la línea histórica, Estados Unidos registra una de las primeras regulaciones en la materia, aunque no provino del Poder legislativo sino Judicial: En 1909, la Corte Suprema autorizó, por primera vez, la aplicación de sanciones penales contra empresas en el marco de la causa New York Central & Hudson River Railroad vs. Los Estados Unidos. La Corte explicó allí que una empresa es punible igual que una persona física si un agente empleada por ella, que actúa en la esfera de su labor, viola las disposiciones vigentes.