Proponen una normativa procesal para causas por violencia de género

La Subsecretaría de Acceso a la Justicia elabora un proyecto de ley que propicia un cambio procesal que permita un abordaje interdisciplinario de esas causas. Formaría un equipo de trabajo especializado y otorgaría competencia Civil y Penal para los jueces intervinientes.

Los números oficiales de las personas que recibieron asistencia estatal tras padecer un hecho de violencia física marcan la importancia de esa política pública: Más de 29.000 ciudadanos y ciudadanas fueron acompañados a través de los equipos móviles del Programa Las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre 2006 y 2017, según las estadísticas del organismo.

Patrick Haar
María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia
María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia

La subsecretaría de Acceso a la Justicia de esa cartera, a cargo de María Fernanda Rodríguez, viene desarrollando una ley modelo que permita la creación de un “Equipo Judicial Especializado en Violencia Intrafamiliar y Sexual”, destinado a la atención integral de las víctimas de este tipo de delitos.

El proyecto busca propiciar un “Modelo de Atención Integral (MAI)” que se constituya en un faro “organizacional con enfoque en género”. Se trata de una normativa procesal que busca una reforma estructural en el abordaje judicial de la violencia intrafamiliar y sexual.

Se trata de superar obstáculos en materia de acceso a la justicia dando lugar a un cambio estructural, ya que la inclusión normativa va en consonancia con los tratados internacionales de Derechos Humanos y la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en 2010.

En tanto, el objetivo es la adopción de un sistema de protección integral adecuado para accionar ante estos hechos, así como determinar los derechos de las víctimas y las sanciones para los responsables.

Diseño y gestión judicial

Tras el consenso y el debate llevado a cabo con operadores de todo el país, el MAI tiene como foco brindar una “atención integral” desde el inicio de la denuncia y durante todo el proceso judicial. El ciudadano o ciudadana víctima de violencia de género será recibido por un equipo interdisciplinario (jurídico, psicológico, social y médico) profesional y especializado.

El diseño institucional se basa en el principio de la oralidad, la garantía del debido proceso y del acceso a la justicia de los ciudadanos. Se crea un Colegio de jueces y juezas, cuyos integrantes cumplen exclusivamente funciones jurisdiccionales de manera rotativa.

La idea del proyecto de “ley modelo” es que los magistrados tengan competencia de carácter civil y penal en las causas en las que estén implicadas situaciones violentas relacionadas con la condición de género de la víctima, o conflicto dentro del núcleo familiar.

El “Equipo Judicial” estará integrado en su totalidad por los colegios de jueces y jueza, el administrador judicial, fiscalías y defensorías especializadas, asesorías tutelares y las oficinas comunes, que son para los trámites administrativos.

A través de la separación del área administrativa de los juzgados, los jueces serán los “directores del proceso, abocadas a la tarea de decisión que les compete, y no a las administrativas”, expresa el proyecto del Modelo. Esto implica, entre otras cuestiones, que “asista personalmente a las audiencias, que sea él o ella quien tome la decisión” en causas de ese tipo.

Por último, un magistrado/a podrá tomar medidas de protección como librar órdenes de restricción perimetral, y también resolver los procedimientos de fondo, así como el trámite de la causa penal. Por este motivo, tendrán doble competencia judicial: civil y penal.