Proponen el cese de asignaciones vitalicias a condenados

Un proyecto de ley plantea que exmandatarios involucrados en casos de corrupción no puedan acceder a la pensión que les corresponde por haber ocupado cargos en la administración pública. 

Los miembros y exintegrantes de gabinetes y administraciones en general que son acusados o condenados por delitos de corrupción suelen enfrentar embargos, prisiones preventivas y otro tipo de medidas durante y después de cada proceso.

Un proyecto de ley que entró en la Cámara de Diputados de la Nación a fines de la semana pasada tiene como objetivo quitarles la asignación mensual vitalicia a los expresidentes que estén condenados por delitos contra la administración pública; es decir, por causas de corrupción.

La ley 24.018 de jubilaciones y pensiones, sancionada el 9 de diciembre de 1991, detalla que expresidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema (con 4 años como mínimo en el cargo) quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias a partir del cese en sus funciones. En tanto, especifica que el monto será la suma que por todo concepto corresponda a la remuneración de dichos cargos.

La iniciativa plantea modificaciones a esta normativa para anular el beneficio cuando los involucrados tuvieran sentencia firme o en este tipo de causas por corrupción.

El proyecto presentado por el diputado nacional por Santa Fe, Hugo Marcucci, plantea modificar la ley de jubilaciones y pensiones que expresa que la asignación es mensual, móvil, vitalicia e inembargable. El legislador basó su concepto en que el “carácter no contributivo y graciable” de la ley se “funda en el reconocimiento al mérito y al honor en el desempeño de tan altas magistraturas”.

Diversos fallos sobre corrupción

En este sentido, es necesario repasar algunas causas en las cuales hubo decomiso de dinero proveniente de los hechos ilícitos, con un espíritu similar al de la nueva norma propuesta. En marzo de este año los integrantes del Tribunal Oral Federal 4 condenaron a prisión al expresidente Carlos Menem y a quien fuera su ministro de Economía, Domingo Cavallo; y también se vio involucrado Raúl Granillo Ocampo, quien ocupó diversos cargos durante la gestión. Fue por el delito de peculado a través del cobro de sobresueldos.

Los magistrados, además de las penas de prisión, decidieron decomisar los “efectos provenientes del delito” por más de 220.000 pesos a Cavallo y 1.350.000 a Granillo Ocampo. Estas transferencias de recursos se hacen, sin embargo, teniendo en cuenta la situación económica del acusado o condenado.

Esta situación se replicó con la exministra de Economía, Felisa Miceli, quien fue condenada por el Tribunal Oral Federal 1 en una causa en la cual no pudo explicar el origen del dinero hallado en su despacho dentro de una bolsa de papel: se trataba de 100.000 pesos y más de 30.000 dólares. Por este caso, la Justicia ordenó el decomiso de la suma en pesos.

Pero otra de las decisiones que necesariamente acompañan estos fallos son las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. Este tipo de pena está contemplada en los artículos 19 y 20 del Código Penal.

En la normativa se precisa que se puede imponer una inhabilitación de entre seis meses y diez años cuando el delito implique “incompetencia o abuso en el ejercicio de un empleo o cargo público; abuso en el ejercicio de la patria potestad, adopción, tutela o curatela; incompetencia o abuso en el desempeño de una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público”.

Por ejemplo, en la causa por el accidente que valió la vida de 51 personas cuando un tren chocó en la plataforma de la estación de Once, en febrero de 2012, el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi fue condenado de modo que nunca más podrá ejercer cargos públicos; su par, Ricardo Jaime, quien ocupó la misma posición, también corrió con la misma suerte.