Promueven el empleo en la Justicia de personas con discapacidad

Es una iniciativa del Superior Tribunal de Justicia correntino, que aprobó un protocolo para promover la ocupación de ese colectivo. El proyecto busca aplicarse en todo el país a través de la organización que nuclea a las supremas cortes provinciales, JUFEJUS.

Los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) correntino aprobaron el Protocolo Único de Actuación para el Acceso a Justicia de las Personas con Discapacidad, que promueve el empleo de personas con esa condición en organismos del Poder Judicial. Se ponderarán sus aptitudes para ocuparlos en los puestos donde mejor sepan desenvolverse.

Esta normativa marca un cambio de paradigma a la hora de abordar las problemáticas que enfrentan las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya que deja de ser preponderante el “modelo médico”, para pasar al de “Derechos Humanos”. Ya no se emplea un abordaje “clínico” de la condición sino uno que persigue la integración.

Entre otras referencias, esta política se basa en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyos lineamientos generales fueron aprobados por la Organización de las Naciones Unidas en 2006. También se basa en experiencias llevadas a cabo en América Latina, con aportes de, por ejemplo, el Ministerio Público de la Defensa de Buenos Aires.

Por la amplitud de la propuesta, se espera que adhieran las demás provincias. Es que la iniciativa del máximo tribunal de Corrientes será distribuida a través de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (JUFEJUS), una entidad que agrupa a las magistraturas superiores de todo el país.

De cualquier modo, el Protocolo es un primer paso: jueces, fiscales, funcionarios, empleados judiciales en general y abogados serán capacitados para poder llevar a cabo las disposiciones de lo dispuesto por el máximo tribunal provincial.

Entre otras cosas, el Poder Judicial correntino deberá hacer una revisión sobre las propias condiciones materiales que ofrecen a las personas con capacidades diferentes: accesos a edificios, o cualquier tipo de barrera que impida el acceso de estos ciudadanos a un servicio de Justicia adecuado.

Políticas de inclusión

Argentina es uno de los países que adhirió al Convenio de la ONU en este sentido. Entre otras cosas, en nuestro país rige la Ley 26.816 de Protección de las Personas con Discapacidad, reglamentada en enero de 2013. A partir de esa norma se creó un Régimen Federal de Empleo Protegido para esta parte de la población.

En este orden, también fue creada en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la Dirección de Promoción de la Empleabilidad de Trabajadores con Discapacidad. A partir de este lugar, y en colaboración con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, se busca promover el ingreso de estas personas a un trabajo.