Una década del programa Las víctimas contra las violencias

Desempeña un rol fundamental brindando acompañamiento activo, atención y orientación a las víctimas de abusos y malos tratos provocados por el ejercicio de la violencia en cualquiera de sus formas. El proyecto es ampliarlo y federalizarlo.

El programa fue desarrollado y, es coordinado hasta la actualidad, por la psicóloga y psicoanalista Eva Giberti, quien lo creó para ofrecer alternativas a la dificultad de sostener una denuncia o proceso judicial por parte de las víctimas, que suelen desistir por múltiples razones.

Básicamente, los mecanismos de atención se activan tras las llamadas al número 137 para pedir asistencia. En ese momento, equipos móviles se desplazan hacia el lugar donde se encuentran las víctimas violentadas.

“Lo que se ve históricamente es un encadenamiento de revictimizaciones de las instituciones por las que pasa quien denuncia: desde que va a una comisaría y le descalifican el contenido de la denuncia, por prejuicio o falta de tiempo. También en los hospitales, cuando hablamos de violencia sexual, se suele pensar hasta dónde tiene responsabilidad la víctima en lo que sucedió, y por eso se brinda el servicio para acompañar desde el primer momento: recibimos el llamado, y vamos hacia donde está la persona victimizada”, explica la licenciada Carina Rago, miembro asesor.

Todas las personas que sufren o se encuentran en conocimiento de una situación de violencia familiar o sexual pueden comunicarse con la línea 137, un número gratuito que funciona las 24 horas, los 365 días del año, y que ofrece orientación y acompañamiento en el momento que lo requieran, de la mano de psicólogos, trabajadores sociales y abogados. Operan equipos móviles que se desplazan e intervienen en terreno acompañados por personal policial de civil que manejan los móviles no identificables.

El alcance de este programa es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque se lo replica en Misiones, y en el horizonte inmediato se apuesta a concretar una federalización, como parte de las iniciativas de Justicia 2020.

Como las situaciones en que se produce los hechos de violencia implican una variedad de casos con sus particularidades específicas, los equipos móviles escuchan las necesidades de las víctimas y de su entorno familiar, asesoran sobre la existencia de recursos existentes como ser programas de empleo en casos en los que medie algún tipo de dependencia económica con el agresor, así como también sobre subsidios habitacionales,  tratamientos psicológicos gratuitos y patrocinio jurídico.

“Nuestros profesionales están de guardia, y cuando se produce el llamado, interactúan dos equipos: los profesionales de violencia familiar, y los de violencia sexual”, explica Rago. Quienes atienden los llamados son trabajadores sociales y psicólogos, que escuchan la demanda y si la situación es crítica, por ejemplo en caso de violencia familiar, se avisa al 911 para que intervenga en la detención del victimario.

Una vez que se separa al agresor de la víctima, entra en juego un equipo integrado por psicólogos y asistentes sociales: éste realiza una entrevista y evalúa los riesgos, la solicitud de la víctima, y en el caso de que haya lesiones, la llevan al hospital público más cercano. Si está en condiciones de declarar, se la acompaña a hacer la denuncia a la Oficina de Violencia Doméstica, se impulsan las medidas de protección y se definen estrategias para que pueda reorganizar su vida. Se envían también informes a la Fiscalía o Juzgado interviniente.

En los casos de delitos contra la integridad sexual, el Programa se desplaza también al encuentro de la víctima, que suele contactarse con el 137  ó a través de las comisarías donde se denuncia el ataque. Actualmente, existe una reglamentación –la orden número 78- que estipula que ningún funcionario policial puede entrevistar a la víctima hasta que llegue el equipo de Las víctimas contra las violencias.

Si producto del shock traumático la víctima no puede declarar, el equipo labra un informe y la avisa al juez que la acompañará en la jornada siguiente para que preste su testimonio. Ya se trate de adultos o niños, cumplida esta primera etapa de emergencia, se hace un seguimiento pormenorizado de los aspectos médicos y legales.

Un tercer equipo integra el programa: es el que trabaja contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, y los casos de grooming (acoso sexual informático). En esta última modalidad, se asesora a los padres sobre cómo actuar, cómo preservar pruebas, para poder judicializar este tipo de delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Para este tipo de situaciones de explotación sexual, se puede denunciar al 0800-222-1717.

Dato Útil:

TE: 137

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Dato Útil:

Por denuncias de casos de grooming: 0800-222-1717